22 Abril de 2022 13:22
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessndro, volvió a referirse a la denuncia por espionaje que realizó el juez Roberto Gallardo, a quien el funcionario acusó ayer penalmente.
"El sistema de biométrico se utiliza para identificar los prófugos que la Justicia solicita. Todo se machea con el RENAPER, no se extraen datos, si no que se confirma que la persona es la persona, en un veraz hay mas información que en el sistema de biométrico”, arrancó su explicación el funcionario en una entrevista que brindó a Radio 10.
“Yo te puedo decir quién valido identidad, desde dónde y cuándo, lo que hizo Gallardo fue generar una gran confusión”, agregó para dar por concluida la explicación antes de empezar a criticar la labor del magistrado que determinó que el sistema de reconocimiento facial se deje de usar, aunque no estaba en funcionamiento desde abril de 2022 cuando se tornó casi imposible su aplicación correcta por el uso del barbijo por la pandemia del Covd-19.
“¿Para què querría tener los datos de ocho millones de personas para reconocimiento facial? Gallardo hizo rodear el edificio, prohibiéndome la salida a mí. Ordenó poner policía de la PSA. Cargó información que no era de la investigación. Dos testigos eran de una empresa de limpieza contrata por la PSA. Siempre utilizan los mismos testigos”, remarcó D'Alessandro.
"Gallardo es un juez contencioso administrativo, si fuera verdad que fuéramos un Gran Hermano que espiamos gente, él debería habernos denunciado penalmente y no lo hizo. O es incumplimiento de deberes de funcionario público o no tiene las pruebas. Cómo no va a tener los elementos suficientes, en todos los diarios salió a decir que nosotros hacemos espionaje”, remarcó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.
Ayer el funcionario denuncio formalmente al magistrado por su desempeño en la causa. D'Alessandro relató en el escrito la sucesión de situaciones que dan cuenta de la utilización de un entramado jurídico que concluyó con dos allanamientos donde se produjeron una serie de irregularidades y con una intencionalidad concreta y maliciosa de involucrar a la Policía de la Ciudad, a su persona y al Gobierno de la Ciudad en actividades ilícitas.
El ministro sostuvo en su denuncia que “el juez dictó una sentencia manifiestamente injusta y de mala fe” al suspender el Reconocimiento Facial para la identificación de prófugos y agregó al listado de irregularidades la tergiversación y manipulación intencional de los conceptos normativos relativos al régimen de protección de datos personales, tales como datos biométricos y datos personales.
En la presentación, D'Alessandro solicitó que “se haga lugar a las medidas de prueba sugerida a acreditar la materialidad del hecho denunciado y la responsabilidad de sus autores”, como también que sean “indagados, procesados y embargados”.
“Gallardo quiso hacer un show mediático instrumentado por intereses políticos ajenos a la tarea y al normal desempeño de un Juez. Para que quede claro: todas las fuerzas federales utilizan el sistema de reconocimiento facial porque estamos en el SXXI y poque es una herramienta fundamental en cualquier sistema de Seguridad acá y en el resto del mundo”, aseveró el ministro de Justicia y Seguridad.
En la causa, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
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Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
