03 Noviembre de 2017 18:44
Las detenciones de Amado Boudou y Julio De Vido traen aparejadas una pregunta inquietante. ¿Puede Cristina Kirchner ir presa?
Desde su salida del poder, el 10 de diciembre de 2015, la serie de detenciones de ex funcionarios kirchneristas rodeó a CFK pero nunca la cercó. Sin embargo, el escenario actual parece ser otro. En los últimos 15 días, la Justicia detuvo a dos de sus ex funcionarios más cercanos.
Así, por un lado, privó de su libertad al ex superministro de Planificación Federal acusado de desvío de fondos por casi $270 millones en la causa de Río Turbio y a su ex vicepresidente, el número "2" que nunca fue: es que el vínculo entre Boudou y Cristina estaba roto, incluso, mucho tiempo antes de que finalizara el mandato "K" en la Casa Rosada.
En este revuelo mediático, político y judicial que atraviesa el país por estas horas, todo parece indicar que los caminos de la Justicia conducen a la figura de quien fuese la jefa política del proyecto durante ocho años, período en el que se registraron la mayor cantidad de irregularidades en el manejo de fondos del Estado.
La pregunta vuelve a ser la misma: ¿Puede Cristina Kirchner ir presa? ¿Ella es responsable por los manejos irregulares de sus funcionarios? ¿La Justicia cuenta con los elementos para poder privar de su libertad a, nada más y nada menos que la ex mandataria?
En el kirchnerismo temen que Cristina pueda ir presa y aseguran que en el país se "rompió" el Estado de Derecho y que el Gobierno presiona para que la Justicia detenga a los integrantes del gabinete sin condena. De Vido es el máximo exponente de esa situación. "Julio De Vido, preso sin condena", escribió en sus dos cartas desde el hospital penitenciario de Ezeiza. Todo un mensaje para el Gobierno.
Lo cierto es que a pesar de las acusaciones de persecución política y judicial, el porfolio legal de la ex mandataria no es el mejor: la causa que menos le preocupa es la de "Dólar futuro", y la que más, la acusación por "traición a la Patria" que pesa sobre sus espaldas por el memorándum de Entendimiento firmado con Irán. Como si fuera poco, en las causas Hotesur y Los Sauces, la Justicia cuenta con elementos para demostrar que se cometió el delito de lavado de dinero, que trae aparejado consigo otra causa: direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el hombre que al fin y al cabo es quien pagaba las habitaciones de esos hoteles.
¿Puede Cristina Kirchner ir presa? Para el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, la respuesta es sí: "En este Estado de Derecho deteriorado que tenemos, creo que se puede dar cualquier cosa". Los fueros que obtuvo en el Senado podrían no servirles de nada como al diputado desaforado De Vido. Para ello, los magistrados que investigan a la ex mandataria deberían emitir una orden de detención, algo que parece poco probable al menos en el corto plazo. De hacerlo, en los pasillos de Comodoro Py circula la versión de que en las causas Hotesur y Los Sauces, estaría probado el delito de lavado. Los motivos por los cuales no se avanza son conocidos por Elisa Carrió, quien no se cansa de repetirle a sus abogados que es el presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes quien lo impide.
EL DEBATE POR LAS PREVENTIVAS
El bloque de Unidad Ciudadana emitió un comunicado en el que aseguraba que "está en riesgo la democracia" en el país. Para la abogada Graciana Peñafort, muy cercana a la ex presidenta, la detención de Boudou es "ilegítima". "El juez habla de contactos residuales que podrían entorpecer la investigación. Me parece una barbaridad lo que está pasando", señaló la letrada a BigBang.
Además apuntó hacia el Poder Judicial: "Estos señores no cumplen el derecho". Explicó que existen tres razones para ordenar una detención: que esté condenado o que, como procesado, pueda entorpecer la causa o exista riesgo de fuga. "Ninguna de las dos cosas se aplica. Como juez, Lijo actuó mal", dijo la abogada.
En la otra vereda, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay negó la existencia de una "avanzada" contra ex funcionarios del Gobierno de Cristina, tal como plantearon desde el kirchnerismo al hablar de "persecución judicial". "El juez puede dictar la prisión preventiva si considera que hay peligro de que se fugue o de que entorpezca el desenvolvimiento de la causa", dijo a BigBang, y habló de "una banda de corruptos que ahora se hacen los pobrecitos" para definir a los ex funcionarios presos.
En cambio, el juez Roberto Falcone analizó que un magistrado debe acreditar de manera objetiva la existencia del riesgo procesal. "Si se acredita el peligro de entorpecimiento de la investigación o de fuga, corresponde que un juez ordene la detención", señaló, consultado por este medio. "Lo de la filmación de la detención y las fotos del proceso desde luego que no debe ocurrir", agregó el magistrado, que explicó que las medidas cautelares "tienen que ser discretas y reservadas, porque el detenido es inocente hasta que se demuestre lo contrario". "La publicidad se reserva al juicio oral", agregó Falcone, quien se preguntó: "¿De qué vale que luego la Justicia demuestre que un detenido es inocente si usted lo está mostrando como culpable para todo el país?".
Por su parte, el abogado Albino Stefanolo fue claro al marcar que "la detención es el peor castigo de un ser humano". Por eso, sostuvo que "no debe montarse como un show y como un circo". "Boudou está sujeto a derecho, se presenta a declarar en Comodoro Py todas las semanas. ¿Cómo se va a fugar si vive en Comodoro Py?", se preguntó el letrado. "Me preocuparía que a un defendido mío le pasara eso. Me da escalofríos que pasemos ciertos umbrales, y el regodeo me parece muy malo", agregó. Y señaló: "Me consta que el Papa Francisco llamaba personalmente a los pibes de Callejeros y estoy seguro que eso no tiene nada que ver con lo que pensara de la causa, sino porque le dolía un ser humano detenido".
Ricardo Echegaray
Días atrás solicitaron que Echegaray fuera procesado.
El ex jefe de la AFIP y ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) es otro de los ex funcionarios de la administración K sobre los que podría avanzar la Justicia. Sin ir más lejos, hoy la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió que se avance contra él, al solicitar que sea procesado por su intervención en el caso Ciccone, donde Boudou es acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Días atrás, su ex jefe de Gabinete en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, lo apuntó como responsable por la falta de controles. Durante la declaración indagatoria, Resnick Brenner aseguró que en el ente recaudador no se "movía ni un papel" sin conocimiento de Echegaray, quien, a pesar de haber sido llamado a indagatoria por el juez Lijo, aún no se encuentra procesado.
La semana pasada, el "valijero" arrepentido, Leonardo Fariña, acusó a Echegaray de haber encubierto a Lázaro Báez, durante la primera audiencia del juicio oral por evasión fiscal. Echegaray había sido procesado el año pasado por el juez Claudio Bonadio, en una causa por falso testimonio, a raíz de una denuncia presentada por el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aunque finalmente fue sobreseído.
CRISTÓBAL LÓPEZ
Aunque no fue funcionario, se trata de un empresario que supo ser muy cercano a Cristina Kirchner. La Justicia lo investiga en varios expedientes vinculados al poder político, pero la acusación más compleja que atraviesa es por defraudación a la administración pública, por un monto millonario, que rondaría los 10 mil millones de pesos, por la retención indebida del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, en su empresa, OIL Combustibles SA, que cobró a sus clientes pero no depositó a la AFIP, como exige la ley.
Complicado. El empresario es investigado por defraudación a la administración pública.
El juez Julián Ercolini cree que ese dinero fue utilizado por Cristóbal para la compra de los medios del Grupo Indalo, de los que ahora intenta desprenderse. Por eso, el magistrado ordenó una inhibición general de bienes sobre el empresario y su socio, Fabián De Sousa. Por eso, podría peligrar la reciente venta de todas las empresas del grupo. Hay quienes no descartaban que por ese expediente Cristóbal pueda quedar detenido.
ANÍBAL FERNÁNDEZ
El ex jefe de Gabinete está lejos de quedar detenido. Sin embargo, Aníbal Fernández tiene varias causas en su contra, que él mismo minimiza. Apenas unos días antes de las elecciones legislativas, fue denunciado por supuesto lavado de dinero con una tarjeta corporativa de la Asociación de Hockey que presidió hasta 2016. La acusación fue rechazada por el propio ex funcionario en diálogo con este medio.
A su vez, fue enviado a juicio oral junto con el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, por irregularidades en el pliego licitatorio del Plan Qunita. También está procesado en la causa por supuestas irregularidades en el contrato de compra de derechos de televisación de partidos de fútbol que el Estado celebró con la AFA hace ocho años. Ambos expedientes son mínimos, en comparación con las acusaciones a otros ex funcionarios.
Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, el penal de Ezeiza y Marcos Paz se vio colmado por la presencia de ex funcionarios kirchneristas, detenidos en el marco de causas por corrupción, lavado de dinero, extorsión y hasta delitos de lesa humanidad. Se trata del oscuro club K en prisión, que BigBang detalla a continuación.
Julio De Vido
El ex ministro de Planificación kirchnerista fue detenido tras ser desaforado en el marco de la causa que investiga el desvío de casi $270 millones destinados a obras inconclusas en el yacimiento de Río Turbio. "Mándenle champagne a la doctora Carrió", fueron sus últimas palabras antes de ingresar a Comodoro Py.
De Vido fue encarcelado hace menos de dos semanas.
Roberto Baratta
En los días previos a las elecciones legislativas, Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido quedó detenido. El ex funcionario fue detenido frente a su domicilio del barrio de Belgrano por la División de Delitos Complejos de la policía porteña.
Baratta, quien oficiaba como subsecretario de Control y Gestión del ministerio de Planificación se encuentra detenido por la causa que investiga un hecho ocurrido en el marco del Programa de Energía Total (PET) lanzado por Néstor Kirchner en 2007 para solucionar la crisis energética.
En esa operación una de las medidas fue la adquisición de barcos de gas licuado, los cuales ingresaban en los puertos de Bahía Blanca y Escobar para abastecer las redes domiciliarias e industriales. Los jueces Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli acusan a De Vido y Baratta de instrumentar un sistema de sobreprecios que desembocó en una defraudación de 6.995.926.798 dólares.
El ex número dos de Julio De Vido, Roberto Baratta, también fue detenido.
Ricardo Jaime
El ex secretario de Transporte fue el primero de los ex funcionarios de la administración kirchnerista en ser detenido, por orden del juez federal Julián Ercolini, por la causa que investiga los sobreprecios en la compra de material rodante ferroviario a España y Portugal, por más de 100 millones de euros. Los vagones y locomotoras estaban en tan mal estado que jamás pudieron ser utilizados.
Jaime se entregó en Córdoba el 2 de enero de 2016. Ese expediente, que también toca al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, no es el único en el que es investigado. De hecho, en diciembre de 2015 fue condenado a seis años de prisión, aunque la sentencia aún no se encuentra firme.
El ex secretario de Transporte, detenido en el penal de Ezeiza, también es investigado por el juez federal Sebastián Casanello por enriquecimiento ilícito, tras comprobar que era propietario de un yate de lujo que fue embargado y dispuesto para ser utilizado por la Prefectura Naval en agosto pasado. Su detención, de hecho, fue definida por la acumulación de varias causas complejas: el juez Ercolini consideró que había peligro de fuga.
Jaime fue el primer ex funcionario K en ser detenido desde el cambio de Gobierno.
José López
El caso del ex secretario de Obras Públicas tal vez sea uno de los más emblemáticos. El ex hombre fuerte de la cartera de Planificación Federal que comandaba De Vido fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con cerca de 9 millones de dólares en el convento Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Portaba dos armas y una moderna carabina calibre 22 con 25 cartuchos.
También alojado en el penal de Ezeiza, aguarda el inicio del juicio oral por el presunto enriquecimiento ilícito, en la causa por los bolsos con dólares. Consultado por el magistrado el 11 de agosto del año pasado, reconoció que el dinero pertenecía a la política y no a él.
López era investigado desde hacía varios años. Con su caída in fraganti, se aceleraron los expedientes: el juez Marcelo Martínez de Giorgi también lo procesó por desvío de fondos en la causa Sueños Compartidos, donde también fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
José López, otro de los detenidos cercanos a Julio De Vido.
César Milani
El ex jefe del Ejército quedó detenido en febrero pasado, luego de declarar varias horas ante la Justicia de La Rioja, en el marco de una causa en la que es investigado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se lo señala como responsable en los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón Olivera, y de Verónica Matta. Tras su declaración indagatoria, el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención.
Primero estuvo en la cárcel de La Rioja. Un mes después, fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, en un avión de la Gendarmería Nacional.
Milani - socio del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en una panchería - también es investigado por el juez Rafecas por enriquecimiento ilícito. El magistrado lo procesó, ya que consideró que el ex funcionario no pudo justificar la compra de una mansión en San Isidro en relación a sus ingresos.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército, junto a Cristina Kirchner.
Milagro Sala
El sábado 10 de enero de 2016 la líder de la Tupac Amaru fue detenida en Jujuy por un escrache al gobernador Gerardo Morales. Sin embargo, rápidamente la carátula de esa detención sería modificada y los expedientes comenzarían a multiplicarse. Sala se encontraba detenida hace unas semanas con prisión domiciliaria, y que días atrás revocó la Cámara de Apelaciones.
La causa más complicada que enfrenta la líder de la Tupac Amaru es “fraude en perjuicio de la administración pública”, que investiga el desvío de fondos que habría recibido la organización para realizar obras. Además, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por un escrache al gobernador Gerardo Morales.
En diciembre pasado, además fue condenada con una multa de $3.780 y la prohibición de integrar organizaciones civiles y políticas por la ocupación del espacio público y alteración del orden, durante el acampe de 51 días en la Plaza Belgrano de la capital jujeña, entre diciembre de 2015 y enero de 2016.
Milagro Sala fue detenida en enero de 2016.
Omar “Caballo” Suárez
Muchos lo señalan como el “sindicalista favorito” de Cristina Kirchner. El ex jefe del gremio de Obreros Marítimos (SOMU) fue detenido en septiembre del año pasado, en el marco de una causa por extorsión a empresarios, entorpecimiento del tránsito marítimo y asociación ilícita.
Omar “Caballo” Suárez es investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Estuvo al frente del SOMU durante 27 años. Hoy permanece detenido en el penal de Ezeiza, donde atraviesa, según su familia, un delicado estado de salud. De hecho, su defensa solicitó la excarcelación producto de las complicaciones en la visión del ojo izquierdo, la audición y movilidad de esa parte del cuerpo, producto de un ACV que sufrió mientras permanecía en prisión.
De todos modos, ese pedido fue rechazado. Suárez, denunciado por extorsión a empresarios y entorpecimiento del tránsito marítimo, ya tiene fecha para el inicio del juicio oral: será el próximo 23 de febrero. Los investigadores creen que el sindicalista paralizaba el tránsito marítimo si los empresarios no pagaban dinero.
El ex jefe del SOMU también cayó preso.
Juan Pablo “Pata” Medina
Esperó atrincherado, luego se fue a su casa. Cuando las fuerzas de seguridad fueron a buscarlo por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el poderoso jefe de la seccional UOCRA de La Plata encendió su narguile -pipa de agua- y “negoció” cómo sería la entrega.
El “Pata” Medina está acusado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión al Estado. La sospecha es que apretaba a empresarios vinculados al mundo de la construcción en La Plata para fijar condiciones de contratación, como la inclusión de un catering que estaba vinculado a su familia. En total, hay una decena de detenidos, entre sus hijos, su esposa, varios allegados y hasta un presunto testaferro que se entregó ayer en Mendoza.
Antes de ser detenido, el poderoso sindicalista vinculado al kirchnerismo, que apoyó la candidatura presidencial de Daniel Scioli, lanzó una amenaza: “Si me detienen, prendo fuego la Provincia”. Eso le valió que se abriera un nuevo expediente en la Justicia por intimidación pública, iniciado por el fiscal Guillermo Marijuan.
Así fue detenido, un mes atrás, Juan Pablo "Pata" Medina.
Lázaro Báez
De todas las detenciones de hombres vinculados al kirchnerismo, tal vez una de las más emblemáticas sea la que ocurrió el martes 5 de abril de 2016 en el aeródromo de San Fernando. Esa tarde, el poderoso rey de la obra pública patagónica era detenido por orden del juez federal Casanello.
Acusado de lavado de dinero, el empresario kirchnerista fue apresado ni bien bajó del avión privado que lo trasladaba desde Santa Cruz hacia Buenos Aires. Luego de aquella jornada, a Lázaro Báez le llegaría un sinfín de traslados desde el penal de Ezeiza hacia Comodoro Py, ya que está involucrado en varios expedientes.
Fue procesado por lavado de dinero entre 2010 y 2013, por Casanello, en el marco de los expedientes vinculados a la corrupción en la obra pública. Sin embargo, el primer juicio será por otra causa: no pagar aportes patronales a los empleados de su constructora, Austral Construcciones SA.
Emblemática. Una de las fotos de la noche en que Lázaro Báez quedó detenido.
Daniel Pérez Gadín
El mismo día que fue detenido el poderoso empresario K Lázaro Báez, también cayó en prisión uno de sus hombres más cercanos, su contador, Daniel Pérez Gadín, en el marco del expediente conocido como la “Ruta de Dinero K”. La Policía Federal lo detuvo en uno de sus domicilios de la Capital Federal, en pleno barrio de Parque Chacabuco.
De todos modos, Pérez Gadín no terminó muy lejos del hombre al que le revisaba los números, ya que ambos permanecen detenidos en el penal de Ezeiza. De hecho, en un principio estuvieron alojados en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de la prisión federal. Ambos adujeron problemas de salud.
Pérez Gadín se hizo “famoso” luego de que se conociera el video donde se lo veía contando millones de dólares junto a uno de los hijos de Báez, Martín, en la financiera conocida como “La Rosadita”. La causa apunta al lavado de dinero y la detención fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, que consideró que había peligro de fuga y entorpecimiento de la causa.
Daniel Pérez Gadín.
Jorge Chueco
Dos semanas después de la detención de Lázaro le llegó el turno a otro de los hombres cercanos: su abogado. Pero en el caso de Jorge Chueco la historia fue más llamativa: dejó una carta suicida en la que afirmaba que “el maldito caso Báez” le había “infectado el alma” y se intentó escapar.
Fue hallado en un hotel céntrico de Encarnación en Paraguay el 19 de abril de 2016; flaco, deprimido y sin ningún tipo de documento que acreditara su identidad. Un día antes, el juez Casanello había ordenado la captura internacional del letrado de Báez, también vinculado a la Ruta del Dinero K y el lavado de dinero.
También permanece detenido en la cárcel de Ezeiza. Ante la Justicia, negó haber cometido cualquier delito vinculado al lavado de activos. “Lamentablemente no logré quitarme la vida”, le dijo al juez Casanello cuando fue llevado a declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py.
Jorge Chueco fue detenido en Paraguay.
Víctor Manzanares
Desde hace más de tres décadas los conoce. Su histórico domicilio en Santa Cruz se modificó desde el 17 de julio pasado, cuando por orden del juez federal Claudio Bonadio quedó detenido en el penal de Marcos Paz. El contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, es acusado de entorpecer el accionar de la Justicia, en el marco de la causa Los Sauces.
Se trata del expediente que investiga si la familia de Cristina Kirchner cometió lavado de dinero y cobro de coimas a través de los alquileres que pagaban dos poderosos empresarios: Lázaro Báez y Cristóbal López. La Justicia considera que Manzanares realizó maniobras para que la familia pudiera cobrar dinero vinculado a alquileres, a pesar de tener cuentas inhabilitadas.
El contador de la familia Kirchner también fue detenido.
Manuel Vázquez
Cuando la Gendarmería Nacional ingresó a la vivienda de la calle Pueyrredón al 1200, en Acassuso, partido de San Isidro, el empresario y asesor de Ricardo Jaime se ocultó en el interior de un placard. Esa fue la escena que encontraron los uniformados cuando fueron a cumplir la orden dictada por el juez Ercolini. A 800 kilómetros de esa escena y con unas horas de diferencia se entregaba su ex jefe.
Se trataba de un asesor clave del ex secretario de Transporte K. Antes de ejercer como funcionario público Vázquez contaba con dos condenas por delitos económicos; y con otra por recibir dádivas. El delito es el mismo por el que fue procesado Jaime: la compra de material rodante a España y Portugal.
En su caso, el juez consideró que Vázquez no sólo tomó parte en la maniobra, sino que además obtuvo beneficios para sí y para terceros en el marco de su intervención como asesor del organismo en las gestiones vinculadas a la suscripción de los contratos.
La gran cantidad de detenidos relacionados al gobierno kichnerista, hace tambalear a ese espacio que ahora teme que la Justicia vaya por sus principales referentes: Cristina y Máximo Kirchner.
