Si este 2016 tuvo un aspecto particular fue el protagonismo que ocupó Cristina Kirchner en términos judiciales. Tras el fin de su Gobierno, las causas por corrupción e irregularidades comenzaron a avanzar a un paso agigantado. Solo entre abril y noviembre debió ir a Comodoro Py en tres ocasiones. Son seis las causas que la preocupan, una de ellas incluso podría llegar a juicio oral muy pronto. Así fue el año judicial de Cristina Kirchner.
Bien podría decirse que el año de Cristina ha quedado dividido en dos aspectos: en términos políticos, la ex jefa de Estado volvió a la carga en abril, encabezando actos, viajando de Buenos Aires a Río Gallegos, e incluso hacia otros países. En este tiempo visitó Ecuador y Brasil. Pero también encabezó una serie de actos en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal.
La ex jefa de Estado fue tres veces a Comodoro Py, dos de ellas con una importante movilización.
Pero en términos judiciales también fue movido. Cristina fue a los tribunales federales de Comodoro Py en tres ocasiones. Dos veces por la causa más compleja donde es investigada: dólar futuro, el expediente por el cual el juez Claudio Bonadio decidió procesarla, cerrar la investigación y enviarla a juicio oral, lo que será definido, con certeza, luego de la feria judicial.
Lo cierto es que más allá de esa causa, en abril pasado fue detenido quien sería uno de los grandes socios comerciales de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Otra de las causas por las que fue llamada a indagatoria Cristina fue la que investiga las irregularidades en la obra pública vial en la Patagonia y la entrega de fondos millonarios a las empresas del empresario detenido en el penal de Ezeiza.
La ex presidenta finalizó el año con dos procesamientos. Además de la causa por el dólar a futuro, esta semana fue procesada por el juez Julián Ercolini por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, en un expediente bajo la carátula de asociación ilícita que involucra, además de a Cristina y Báez, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López.
La Justicia investiga los vínculos comerciales entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
La ex jefa de Estado tuvo una estrategia que se repitió en las dos indagatorias que afrontó: eligió exponer ante la Justicia pero no responder preguntas de los fiscales y jueces. Tanto ante Bonadio como ante el juez Julián Ercolini, que investiga la obra pública, esa fue su táctica.
Por lavado de dinero es investigada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió imputarla tras el testimonio del valijero Leonardo Fariña, que reveló los supuestos sobreprecios en la obra pública, en el expediente que también investiga a Báez. También por lavado es investigada en el expediente Hotesur, por la relación comercial con Báez y el empresario Cristóbal López, por la operatoria de alquileres millonarios de habitaciones que nunca fueron ocupadas.
La ex mandataria criticó en varias ocasiones a jueces y fiscales.
Este año las propiedades de Cristina Kirchner fueron allanadas, en el marco de la causa Los Sauces S.A, donde se la acusa de enriquecimiento ilícito. Sobornos, retornos y negociados con Báez son las claves de este expediente, que también es investigado por Bonadio. Pero además, la diputada Margarita Stolbizer denunció las millonarias cuentas de la familia Kirchner, en el primer expediente que además de apuntar contra Cristina, va directo hacia sus hijos, Florencia y Máximo. Las claves son las irregularidades en la herencia y por dinero que no fue incluido en las declaraciones juradas.
EL AÑO DE LAS QUERELLAS
Pero el 2016 también quedó marcado por ser el año en el que la ex mandataria decidió retrucar en términos judiciales a lo que ella consideró “agravios”. Por eso, demandó a varios periodistas, entre ellos Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki y Alfredo Leuco, entre otros. Y también a la diputada Stolbizer, por considerar que existió “tráfico de información” en la denuncia que le presentó la legisladora.
El abogado Gregorio Dalbón representa a CFK en las causas civiles.
En las causas civiles eligió una estrategia distinta a la que utilizó en términos penales. Su abogado, Gregorio Dalbón, fue más que duro con los querellados. Cristina quiere dinero. “Cifras multimillonarias”, le dijo su abogado a BigBang. Lo utilizará para comprar equipamiento para los hospitales de Niños de La Plata y Capital Federal. Tiempo atrás, el letrado señalaba que la ex presidenta “se cansó de bancársela”.
Según Dalbón, el año de Cristina en términos judiciales podría definirse como el año en que enfrentó "una persecución mediática, judicial y política, tanto ella como su familia". En diálogo con BigBang remarcó que desde que enfrentó las primeras acusaciones "comenzó a defenderse en sede penal y a atacar en sede civil a quienes la difaman". "Han intentado asegurar que Cristina estaría presa antes de fin de año. Eso no va a pasar", sostuvo el letrado.
TESTIGO EN CAUSAS HISTÓRICAS
Pero además, la ex presidenta Cristina Kirchner testificó en dos causas que datan de la década del noventa. Primero, por la muerte de Carlos Menem Jr., el hijo del ex presidente, fallecido al caer el helicóptero en el que viajaba, en la ciudad de Ramallo. Fue porque en un encuentro que tuvo con Zulemita y Zulema Yoma les dijo que su padre y ella sabían que la muerte había sido el "tercer atentado" que sufrió el país. Zulemita Menem le contó a BigBang cómo fue el encuentro.
La muerte de Carlitos Menem Jr. ocurrió en marzo de 1995.
El juez federal de San Nicolás que investiga la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, solicitó que todos los ex presidentes y ex jefes de la SIDE y las fuerzas federales desde 1995 en adelante declaren como testigos. Tras dos postergaciones, Cristina no declaró en San Nicolás, sino que solicitó hacerlo en Río Gallegos. Lo hizo durante noviembre: si bien aclaró que no tenía pruebas, sostuvo que "no fue un accidente".
También declaró como testigo en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA.
Por otra parte, la ex mandataria también declaró como testigo en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. En el banquillo de los acusados se encuentran el propio Menem, el ex juez Juan José Galeano y el ladrón de autos y abogado, Carlos Telleldín. La ex jefa de Estado señaló que los acusados "estaban trabajando para armar un juicio y no para llegar a la verdad de lo que pasó".