20 Octubre de 2015 15:49
Las denuncias de espionaje llegaron al periodismo, la Justicia y la política. Las diputadas del PRO, Laura Alonso y Patricia Bullrich, denunciaron un listado de personas importantes que fueron espiados por los servicio de inteligencia, pero a su vez, aparecen nombres que a priori resultan insólitos a la hora de identificarlos como blancos de espionaje.
Uno de los primeros es Luciana Salazar, novia de Martín Redrado, ex titular del Banco Central, que también fue, aparentemente, pinchado por una estructura ilegal de espionaje. Otro de los nombres que aparece en la lista es el periodista deportivo Juan Manuel “Rifle” Varela, conocido por trabajar en TN y conducir un programa de videos de deportes extremos. Amalita Amoedo también figura entre los investigados, es la nieta de Amalita Fortabat.
Las diputadas denunciaron que desde una oficina en San Juan y Entre Ríos se pinchó correos electrónicos, whatsapps, emails y el contenido de los teléfonos celulares de diversos funcionarios, jueces, periodistas y también personajes insólitos.
Mirtha Legrand también figura entre los que perdieron su intimidad. Además aparecen dos hombres fuertes de la televisión, que casualmente trabajan para el Grupo Clarín, histórico enemigo de los últimos años del Gobierno. Se trata de Marcelo Tinelli y Adrián Suar. Uno es el terror de los políticos por su nivel de influencia y comentarios durante su show de baile y el otro es el arquitecto artístico de Canal 13.
Además de famosos y personalidades de la farándula, existen algunos políticos de izquierda que también sorprenden. Vilma Ripoll, Cristian Castillo, Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Jorge Ramal son algunos de ellos. Ni Fernando Pino Solanas se salvó del espionaje en este caso.
Redrado y Salazar, en la mira de la SIDE.
Los nombres que aparece en la denuncia de Bullrich y Alonso incluye a referentes de casi todo arco políticos. Todos los partidos están representados: candidatos y funcionarios nacionales, provinciales y porteños. También los miembros de la Corte Suprema e importantes jueces y fiscales de la Nación.
Hay legisladores, empresarios y gremialistas. El polémico “espía”, Jaime Stiuso y muchos de sus familiares, supuestos socios y otros miembros de su entorno, también fueron presa de esta red de espionaje. La ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, la jueza Arroyo Salgado, Carlos Stornelli, el fiscal de la causa Hotesur y Germán Moldes, uno de magistrados que organizó el 18F, también desfilan entre los perjudicados.
“La persona que se contactó me refirió que el listado que había recibido en dicho sobre, daba cuenta que se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras, lo que esta permitiendo el estudio de movimientos personales de periodistas cuya opinión no se encuentra alineada con el gobierno, diputados y senadores todos ellos reconocidos por sus opiniones políticas contrarias al gobierno nacional, jueces que llevan adelante investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno, todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los conjueces de la Corte Suprema, personalidades e intelectuales no afines al Gobierno Nacional”, asegura la denuncia.
En el listado apareció el nombre de Juan Manuel Varela.
La diputada Alonso aseguró que “el patrón común de todos los espiados, es que mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional”.
En tanto, Patricia Bullrich opinó: "El seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales, es un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno".
Las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso denunciaron la lista de espiados.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Emiliano Canicoba Corral y el fiscal Rodolfo Domínguez y los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, que por sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello, respectivamente.
La denuncia se basa en los artículos 3, 42 y 43 de la ley 35.520 que dice que está prohibido "Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales".
