El posible cambio de administración luego de la derrota que sufrió el presidente Mauricio Macri en las PASO ante Alberto Fernández generó también un cambio de tendencia en los tribunales federales de Comodoro Py; por estas horas no son pocos los miembros del Gobierno que bromean con que pueden quedar presos. Algunos se lo toman de forma más seria.

¿Cuáles son los funcionarios que podrían quedar más complicados en Comodoro Py?

Uno de los primeros es el actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien se encuentra en la mira de la Justicia por dos causas puntuales: una vinculada a la renegociación de la concesión del Acceso Oeste y del Norte y la otra es por la licitación del Paseo del Bajo.

En la primera se investiga un acuerdo entre el Estado y la empresa concesionaria, AUSOL, de la cual el Grupo Macri tenía el 7% del paquete accionario en ese momento. Para que la empresa decline del juicio en el CIADI, luego del congelamiento de las tarifas y peajes después del 2001, el Estado empezó con una negociación comandada por el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Para cerrar el acuerdo se habló de una auditoría, que hasta ahora nunca apareció, que habla de deudas por US$ 1.721 millones. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral busca justamente saber si existió efectivamente esa auditoría.

Fuentes del ministerio de Transporte consultadas por BigBang negaron esas cuestiones. "Los contratos se extendieron hasta 2030 para evitar que Argentina enfrente un litigio en el CIADI por incumplimientos contractuales. En caso de arbitraje, al Estado le hubiera costado USD 3.000 millones. En cambio, luego de la renegociación, se le reconoció una deuda a AUSOL de 499 millones de dólares y a GCO de 247 millones de dólares: 2.254 millones de dólares menos de lo que hubiese costado perder el juicio ante el CIADI. Si no hubieramos logrado la renegociación, Argentina tendría que haber pagado la totalidad del monto y en menor plazo, lo que hubiera implicado un fuerte aumento de tarifas, cosa que se evitó", remarcaron.

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En el Paseo del Bajo, Dietrich es investigado por el presunto favorecimiento en la licitación para beneficiar a IECSA, la empresa que en 2016 todavía pertenecía al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, para que se quede con el tramo más caro de la obra porteña. Por esa misma causa hay funcionarios de la administración porteña investigados.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, también está en la mira de la Justicia por la causa del Correo Argentino en donde el Estado intentó avanzar con un acuerdo económico con la familia Macri para dejar atrás el reclamo por la falta de pago de la concesión como también por la deuda que mantiene la empresa por el no pago del canon acordado. La fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín consideró que la condonación de deuda iba a ser cercana a los $70.000 millones.

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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, fueron denunciados luego del decreto que reglamentó el blanqueo de capitales y en el que, por decisión exclusiva de la Casa Rosada, se incluyó a los familiares de los funcionares y ex funcionarios. En la Corte Suprema se encuentra un planteo que realizó el diputado nacional Felipe Sola para que se rechace ese argumento luego de que se conoció que el hermano de Macri, Gianluca, se acogió a ese régimen especial.

¿Y Macri?

Además de las mencionadas causas en donde el presidente pude quedar imputado, tal y como sucedió con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debido a que en la Justicia argentina se considera que un presidente no puede estar ajeno a presuntas maniobras delictivas que se desarrollan durante su gestión, la causa del negocio con los Parque Eolicos es otra de investigaciones judiciales.

Durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires. Las licitaciones fueron ganadas por la española Isolux, que luego las vendió a estas compañías en dos tandas. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron US$ 25 millones y durante el siguiente año revendieron esos parques a una empresa del Grupo Macro (Genneia, la que visitó el Presidente el martes) y a una compañía china (Goldwind). Con sólo uno de los parques hicieron una ganancia de alrededor de US$ 15 millones.