por Gonzalo Prado
17 Julio de 2018 07:40
Las campañas políticas precisan de dinero fresco, contante y sonante para poder financiar a los candidatos. En las últimas semanas se conocieron, mediante una investigación periodística del sitio web El Destape, serias irregularidades en los balances financieros de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tanto en los comicios de medio término en 2017 que encabezó María Eugenia Vidal -aunque su candidato fue Esteban Bullrich-, como en los de 2015 que la llevaron a la gobernación.
Sin embargo no fueron los únicos. En un relevamiento de las planillas que presentó primero el Frente para la Victoria y luego Unidad Ciudadana -las dos alianzas electorales que utilizó el kirchnerismo en 2015 y 2017-, BigBang no sólo encontró cambios a último momento en donde se añadieron como aportantes a funcionarios de la administración del ex gobernador Daniel Scioli, sino también el caso de una persona que un mes después de morir aportó dinero para la campaña a senadora nacional de Cristina Fernández de Kirchner.
Norberto Campos murió, según la copia del certificado de defunción a la que tuvo acceso este medio, el 22 de agosto de 2017 a las 01:07 en Quilmes como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 82 años, era jubilado. Estaba casado y vivía en Avellaneda. Sus restos fueron cremados en el cementerio Parque Iraola del partido de La Plata. Sin embargo, cinco días después de pasar a mejor vida depositó, según consta en los balances que presentó Unidad Ciudadana a la Cámara Nacional Electoral, $1.000 para la campaña de la ex presidenta.
El extracto de la Cámara Nacional Electoral en donde se detallan los aportantes y los montos.
Esa operatoria de pequeños montos para lograr de a muchos aportantes una gran cantidad se denomina “Smurf Laundry” (Lavado Pitufo) en honor a la serie de dibujos animados estadounidense “Los Pitufos”. En el seno del PRO también hubo una causa judicial por esos motivos. El juez federal Ariel Lijo investigó en 2016 a la Fundación Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, por una operatoria similar que no se pudo comprobar. “Es muy difícil probar ese tipo de lavado porque está hecho justamente con cifras que uno puede aportar casi sin problemas porque no son elevadas”, explicó una fuente con acceso a dicho expediente.
El certificado de defunción de Norberto Campos.
Pero las irregularidades en el financiamiento del kirchnerismo no terminaron allí. Dentro de la nómina de aportantes para 2015 hubo 215 nombres que “borró” de la primera planilla que presentó, debido a que varias personas denunciaron ante la Justicia electoral que no habían destinado dinero. Muchos de ellos eran inclusive empleados del Estado. Tal es el caso de Enrique Carlos Cafferata, Carlos Alberto Dellarciprete y Hugo Omar Ignacio Pedro Raúl Guete; que se desempeñan en el ministerio de Educación bonaerense y que en 2016 se presentaron ante la Justicia electoral para remarcar que no eran aportantes del Frente para la Victoria y que querían además quedar dados de baja de dicho listado. Cada uno de ellos aportó $10.000 para la campaña que tuvo como candidato perdedor a Scioli.
La petición ante el juzgado electoral de La Plata para que los tres hombres mencionados dejen de aparecer como aportantes.
Pero el caso de los tres empleados del ministerio no fue el único. En total hubo 215 nombres que aparecieron en las planillas rectificadas para explicar aportes por un total de $4.320.000 de acuerdo a los documentos públicos a los que tuvo acceso BigBang. De ese total de personas, 111 -es decir el 51%- eran funcionarios o empleados de las distintas áreas de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los “nuevos” aportantes pertenecían a la Dirección General de Cultura y Educación (27), al Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología (12), al Ministerio de Asuntos Agrarios (9), funcionarios provinciales de otras áreas (59) y municipales (4).
Macri y Scioli, ambos candidatos presentaron irregularidades en sus aportes.
Entre los casos más resonantes figuran los aportes de Alejandro Rodríguez ($ 30 mil), ex secretario de Deportes provincial, Nora de Lucía ($ 30 mil), directora de Cultura y Educación, Eduardo Aparicio ($ 20 mil), ministro de Desarrollo Social, Walter Carbone ($ 5 mil), Subsecretario Administrativo de la Dirección General de Cultura y Educación y dueño de la famosa escultura de un dragón hallada por la Justicia en el jardín de una casona del country Abril, entre otros subsecretarios, directores provinciales y funcionarios de diferentes rangos.
En el Gobierno también hubo casos
Durante las últimas semanas el sitio El Destape reveló, además, que varios beneficiarios de planes sociales figuraron como aportantes en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires del año pasado, como también que empleados de la Ciudad habían aportado para la campaña presidencial de Macri en 2015. En esas elecciones, de acuerdo al medio, habría cerca de $40 millones de aportes de candidatos para sus propias campañas.
Macri junto a Vidal y otros referentes de Cambiemos en los festejos de 2017.
Pero no sólo los candidatos aportaron fondos que después negaron haber hecho como es el caso del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que en la nómina de 2015 aparece con la suma de $50.000, sino que también aparecen muchos empleados de diferentes dependencias gubernamentales de la Ciudad, en ese entonces. La operatoria, según relataron varios que recibieron dicho recorte fue la siguiente: mes a mes se le aplicaba un descuento a sus háberes que luego era computado directamente en un pago a la hora de inscribir los aportes.
