El fin de semana diferentes funcionarios, candidatos y dirigentes estuvieron recorrieron supermercados y diferentes comercios para procurar que se cumpla el congelamiento de precios que dispuso por decreto el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la semana pasada. De acuerdo a declaraciones que realizó el funcionario en cuestión, este habría tenido un alto nivel de acatamiento por parte de los comerciantes.
"El inicio del plan, que siempre requiere un período de adaptación, es bueno. Hay retroceso de precios, con un amplio cumplimiento, del 75% de los productos en más el 60% de los comercios relevados, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo", manifestó Feletti en declaraciones a Radio 10.
"Esta intervención tiene un objetivo de corto plazo, que es bajar la fiebre, ya que la remarcación de octubre se volvió insostenible. Y el de largo plazo es asegurar una canasta básica regulada para la población argentina, con precios administrados, sin sobresaltos y que sea permanentemente ofertada", remarcó al ser consultado sobre los motivos de la implementación de una medida que, tal y como contó la semana pasada BigBang, no tiene buenos antecedentes al terminarse y suele generar una espiral inflacionaria.
Incluso esta tesitura fue defendida por el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que en declaraciones a ciclo “El método Rebord” del sitio Corta, manifestó que no sirve como medida antiinflacionaria. “Lo he dicho y lo sigo diciendo, lo digo públicamente, en conferencias de prensa: la inflación es un fenómeno macroeconómico, no es un fenómeno que se pueda combatir, resolver con acuerdos o controles de precios”, manifestó.
“Vuelvo a decir, ni él (por Feletti) ni yo pensamos que la inflación se resuelva en la secretaría de Comercio Interior, con controles de precios. Son una herramienta de ayuda, de apoyo. Es lo que pensé siempre y lo sigo pensando. No estamos hablando de todos los precios congelados, sino de situaciones puntuales, de cómo trabajar en algunas canastas que permitan proteger sobre todo a los sectores más vulnerables”, agregó Kulfas.
Tal y como contó BigBang la semana pasada, una de las cuestiones troncales que todavía no terminó de definir el Gobierno tiene que ver con la capacidad de sanción a los supermercados y comercios por parte de los intendentes del conurbano, en donde está puesto el eje central de la campaña de control de precios, debido a que el mecanismo actual es considerado burocrático y poco veloz.
Hoy en día si un intendente se da cuenta de que tal comercio no cumple con la norma tiene que avisarle primero al ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires y de ahí se conecta con la Secretaria de Comercio Interior. Si bien las autoridades bonaerenses pueden tomar cartas en el asunto en el primero caso, ese proceso también lleva tiempo.
También hubo declaraciones desde La Cámpora que, en un comunicado que pareció una respuesta hacia Kulfas, sostuvo que nada tiene que ver la impresión de dinero para financiar el gasto o el déficit fiscal con la suba de precios. “Ninguna de estas subas tiene que ver con “la maquinita” o el gasto desmedido. Nada de eso está ocurriendo y el contexto macroeconómico está muy lejos de presentar tensiones en la oferta productiva que justifiquen un ajuste vía precios”, sostuvieron desde la organización en un comunicado.
“La política de control de precios de ciertos productos se focaliza en una de las principales causas de la inflación actual: la concentración económica”, agregaron en otro de los pasajes del mencionado comunicado que publicaron en redes sociales.
Sin embargo, el fin de semana el eje estuvo puesto en otro lado. En las recorridas casi no encontraron comercios que no respetaran el acuerdo de precios lo que generó algunas dudas. Esto levantó aun más la suspicacia de que el problema no es la primera semana sino más bien la segunda en el sentido de que la forma de “medir el aceite” a Feletti creen que serán cuando los productos seleccionados dejen de estar disponibles en las góndolas.
Sobre ese punto el funcionario remarcó que no podrán reparos a la hora de aplicar la ley de abastecimiento, sancionada en la década del 70.