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Defensores de represores piden juicio político a dos jueces

Una asociación dedicada a defender genocidas condenados pretende llevar a juicio político a dos magistrados que le negaron la prisión domiciliaria a uno de los encargadso del centro clandestino de detención conocido como “Sheraton”.

10 Agosto de 2016 03:50
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La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una entidad que agrupa a defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, pidió el juicio político contra los jueces de la Casación Federal Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani por supuesta violación de las garantías constitucionales de un coronel retirado detenido en Marcos Paz.

La asociación agrupa a defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos.

El pedido fue a razón de la decisión que los magistrados tomaron el 13 de junio pasado, cuando rechazaron el tercer pedido de prisión domiciliaria de Roberto Obdulio Godoy, un coronel retirado del Ejército de 78 años actualmente detenido en el penal de Marcos Paz.

Juan Carlos Gemignani

Acusan al juez Juan Carlos Gemignani de no respetar las garantías constitucionales de los represores.

Godoy está acusado de haber sido parte del centro clandestino de detención "Sheraton", donde estuvieron cautivos, fueron torturados y luego desaparecidos el autor de “El Eternauta”, Héctor Germán Oesterheld, y el sociólogo Roberto Carri, entre muchos otros.

Mariano Borinsky

Mariano Borinsky es uno de los jueces que buscan destituir.

La solicitud de juicio político estuvo impulsada por los abogados Alberto Solanet, Carlos Bosch y Ricardo Saint Jean, quienes formularon el pedido ante el Consejo de la Magistratura, acusando a los jueces por "incumplimiento de las disposiciones que obligan a la protección de los detenidos y prohiben su castigo y mortificación".

"Los dos jueces denunciados le niegan el beneficio, exigiendo un requisito que la ley no peticiona: que además de su edad, presente problemas de salud o síntomas de deterioro físico o psíquico

La familia Oesterheld fue desaparecida casi en su totalidad.

La denuncia, a la que tuvo acceso DyN, reclama que "se someta a juicio político y se destituya" a Borinsky y Gemignani, además, por "mal desempeño en sus funciones" y "grave desconocimiento del Derecho, en especial por el desprecio a los derechos humanos de las personas mayores".

Godoy participó de las torturas en el Centro Clandestino "Sheraton".

El pedido de juicio político sostiene que existe una "mortificación innecesaria a un anciano preso, manteniéndoselo en prisión penitenciaria exigiendo requisitos inexistentes en la ley colocándolo en situación de riesgo y abandono".

"Los dos jueces denunciados le niegan el beneficio, exigiendo un requisito que la ley no peticiona: que además de su edad, presente problemas de salud o síntomas de deterioro físico o psíquico", sostiene la denuncia.

¿Quién es la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia?

La agrupación afirma estar conformada por más de 400 abogados y obtuvo la personería jurídica en 2010.

Según un comunicado publicado durante su primer aniversario, la asociación se conformó a partir de “la indignación frente al escándalo provocado por los múltiples fallos judiciales que (...) desencadenaron una sistemática persecución contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, que en su mayoría actuaron como jóvenes oficiales en la guerra desatada en la década del setenta, sujetos a las órdenes de sus mandos militares, a los reglamentos militares y a las instrucciones del gobierno civil de entonces”.

La participación de Godoy durante la dictadura

El coronel retirado Roberto Obdulio Godoy fue detenido en 2015 por orden del juez Daniel Rafecas, quien ordenó prisión preventiva para el acusado, cuatro militares más y dos ex policías; todos acusados y presos en Marcos Paz por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza; conocida durante la dictadura cívico militar como “Sheraton”.

Daniel Rafecas

El juez Daniel Rafecas ordenó en 2015 la detención de Godoy.

“Se trata de una causa que unos meses atrás parecía que se caía porque tenía pocos imputados y habían muerto, pero que en este último tiempo tuvo un avance significativo”, había manifestado ese año la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Delia Bisutti, quien estuvo dos veces secuestrada en el Sheraton y es querellante en la causa.

Delia Bisutti

La diputada Delia Bisutti estuvo detenida en el Sheraton y es querellante en la causa.

El renovado impulso a la investigación provino de la certeza que ubica el funcionamiento del centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela y la que considera improbable que las planas mayores de las unidades militares no hayan tenido participación ni mucho menos conocimiento del terror instrumentado desde el Estado entre 1976 y 1983.

Roberto Godoy, considerado por el juez federal como “pieza clave” en el accionar represivo del Estado en ese centro, sería responsables de la privación ilegítima de la libertad de 18 y 17 personas respectivamente y de haber torturado a 8.

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