El domingo por la noche, a las 21.36, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acudió a su cuenta de X para celebrar la detención de Mariano Jonatan Macena, a quien acusó de haber sido el responsable del brutal crimen de Eliana Vanesa Gómez, la enfermera del Hospital Churruca que fue asesinada en un intento de robo frente a su domicilio en Rafael Castillo durante la mañana del sábado. Dos delincuentes la interceptaron cuando estaba arriba de su Fiat Argo rojo e intentaron sacarla del vehículo. En un intento desesperado por protegerse, la joven trabó las puertas. Pero los delincuentes le quitaron la vida de un disparo en la cabeza para robarle su auto.
Lo cierto es que una vez más, la ministra se volvió a equivocar: Macena, alias "Toscanito", de 37 años, fue liberado luego de que ningún testigo lo haya podido reconocer. De esta manera, no hay aprehendidos por el asesinato de Eliana. Horas antes de la liberación del hombre, Javier, su sobrino, había denunciado "Es inocente, agarraron un perejil". El hombre contó que su tío tiene antecedentes y estuvo preso siete veces por robo, pero que en esta ocasión no tenía "nada que ver". Hasta destacó que Macena está "perdido en la droga". "Se puso a llorar y me confirmó 'yo no fui pela'", expresó el familiar del ahora ex detenido.
Horas después las autoridades confirmaron que "Toscanito" fue liberado debido a que los testigos no pudieron reconocerlo como partícipe del robo y crimen de la enfermera. Lo cierto es que el fin de semana, en su afán por vanagloriarse en las redes sociales, la ministra Patricia Bullrich había celebrado en sus redes sociales la detención del hombre de 37 años a menos de 24 horas del caso: "Detuvimos a este malnacido, reconocido por testigos como el asesino de Eliana Gómez, la enfermera de la PFA. Este sujeto, conocido como 'El Oreja', tiene 37 años y fue capturado hace minutos en Rafael Castillo, La Matanza".
Además de compartir las imágenes de la detención de Macena, la funcionaria libertaria destacó: "Gracias a tareas de inteligencia, lo localizamos vendiendo golosinas de forma ambulante en la Plaza Atalaya y, en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo detuvimos. ¡A la cárcel y sin perdón!". Tan sólo 24 horas después, el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, ordenó su liberación porque el hombre "no tenía nada que ver" con el crimen. De este modo la causa quedó sin detenidos y ahora la investigación avanza para lograr capturar a los dos acusados del hecho, quienes quedaron registrados por las cámaras de seguridad.
El caso de Macena no es un hecho aislado. Hace unas semanas, Bullrich celebró en redes la detención de Marco Antonio Centurión, a quien acusó de liderar una red de pornografía infantil. Pero el supuesto delincuente resultó ser un periodista deportivo que había viajado a Rosario para cubrir un partido de fútbol. La detención fue el resultado de un error administrativo, pero eso no evitó que Centurión viviera un verdadero calvario: esposado, incomunicado durante nueve horas en una celda sin acceso a su insulina -es diabético tipo 1- y sometido a condiciones indignas.
Para cuando las autoridades se dieron cuenta de su error, Bullrich ya había difundido acusaciones infundadas en redes sociales, violando el principio de presunción de inocencia y dañando la reputación de un ciudadano que nada tenía que ver con los delitos en cuestión. Otro episodio lamentable tuvo como protagonista a Maximiliano Acosta, quien estuvo detenido más de 20 días porque efectivos de Gendarmería confundieron envases de talco con cocaína. En este caso, Bullrich defendió lo indefendible, argumentando que "el talco siempre se confunde con cocaína", como si eso justificara la privación de libertad de un inocente.
Estos errores no son meros accidentes; son el resultado de una gestión que parece priorizar los titulares sobre la verdad. La constante exposición en redes sociales, donde la ministra busca proyectar una imagen de mano dura y eficacia, derivó en anuncios prematuros y apresurados, con graves consecuencias. Además, en lugar de reconocer los errores, la funcionaria a cargo de la cartera de Seguridad suele optar por el silencio o la justificación, mientras las víctimas de estas fallas quedan desprotegidas y estigmatizadas. Este patrón de improvisación y atropello genera desconfianza no solo en las fuerzas de seguridad, sino también en el sistema judicial.