12 Mayo de 2020 19:23
El empresario Nicolás Caputo, “el hermano de la vida” del ex presidente Mauricio Macri se habría beneficiado con la compra de inmuebles del Estado durante el Gobierno de Cambiemos a un precio muy inferior a los del mercado.
Otro empresario que se habría beneficiado con la compra de inmuebles por valores menores a los que fueron tasados es Eduardo Constantini, uno de los más grandes desarrolladores inmobiliarios del país.
Así lo consignó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en un trabajo que envió a la Oficina Anticorrupción y revela supuestas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional durante la gestión del ex presidente Macri.
El informe, que también fue remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, relevó un total de 21 subastas sobre 54 operaciones efectuadas entre marzo de 2017 y abril de 2018, en las cuales “se detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación”, indicó hoy la SIGEN en un comunicado.
Las subastas auditadas se seleccionaron “de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación, y se determinó que en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados”, señaló el comunicado.
Indicó que “el total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares".
"Entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT”, añadió el informe.
Consultatio es la empresa de Constantini, creador de Nordelta y el museo del Malba, y TGLT pertenece a Caputo, el empresario amigo de Macri desde la juventud.
Como argumentación del remate de esos activos, “desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble”, agrega.
Destacó que “sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión”.
La Oficina Anticorrupción deberá ahora “definir el rumbo a seguir con estas actuaciones”, precisó la SIGEN
