"Tenemos que impedirlo"
30 Enero de 2025 15:45
Llamó poderosamente la atención un informe del Ministerio de Defensa que dirige Luis Petri en donde se ordenaba el traslado de documentación a la nueva sede de la Fuerza Armada "con el objetivo de depurar la información con posibilidad de trituración de documentos". La situación fue inmediatamente denunciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En una misiva que firmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, explicaron que se pidió un informe para saber sobre qué archivos históricos se trasladarían y cuáles "depurarían". Fueron los mismos trabajadores quienes notaron la movida: "(Trabajadores) tomaron conocimiento a partir de una comunicación interna en el sistema GEDE (...) y enseguida se pusieron en alerta".
Aguiar explicó que el pedido de informe es para "evitar un daño que resulte irreversible" y catalogó la mudanza de la sede de la Armada como "una maniobra de dilación para aportar pruebas que está requiriendo la justicia". Además, adelantó: "No descartamos iniciar alguna medida de fuerza concreta".
En esa línea, Aguiar reflexionó: "Los genocidas festejan porque lograron tener una gestión "que pretende garantizarles impunidad (...) Cuarenta años después se proponen seguir destruyendo pruebas", denunció contundente.
Así las cosas, a través del pedido de informe, exigieron que se determinen detalles sobre el destino de cada uno de los documentos trasladados y, por otro lado, pidieron la garantía de correcta conservación de los mismos.
Aguiar también expresó: "Pretenden legitimar crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país", dijo y continuó: "No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar".
Esta acción no es más que una de las que ya lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza, como la desfinanciación de políticas para la investigación y recuperación de desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.
Sobre este punto, Rodolfo Aguiar analizó: "Es una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de grupos políticos y sociales opositores, o bien a cualquiera que tiene un pensamiento adverso al discurso oficialista e intentan disciplinar. Tenemos que impedirlo".
