05 Octubre de 2020 15:07
El patrimonio del diputado nacional y titular del bloque del Frente de Todos en dicha cámara, Máximo Kirchner, quedó en la mira de la Justicia luego de que la abogada Silvina Martínez , cercana a Margarita Stolbizer, denunció que el legislador ocultó el valor de sus bienes en su presentación anual ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Es que el hijo de la vicepresidenta, según su DDJJ pública, declaró haber terminado el 2019 con un patrimonio de $292 millones -por lo que tendrá que pagar el impuesto a la riqueza que busca promulgar el oficialismo que él mismo integra- con un crecimiento de más de $100 millones en apenas doce meses.
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Esto se debe a que en la presentación que realizó ante el organismo recaudador y ante la oficina de control en 2018, Kirchner declaró tener un patrimonio de $191 millones producto de la herencia que recibió de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, y la donación por parte de su madre, Cristina Fernández de Kirchner.
En su denuncia, Martínez afirma que aún con la tasación fiscal, que es la que se toma para el cálculo impositivo, los bienes del diputado nacional estarían cerca de USD25 millones es decir $1.497.250.000 de acuerdo a la valuación para el dólar que puso la AFIP para las declaraciones anual impositivas del 2019 ($59,89).
Uno de los puntos que remarca Martínez en su denuncia sobre el actual diputado nacional es la diferencia en la valoración del hotel Alto Calafate, que forma parte de la empresa Hotesur. Cabe recordar que esa empresa está envuelta en una causa judicial que ya llegó a la instancia de juicio oral, debido a que existe la sospecha de que esas sociedades fueron utilizadas por la familia Kirchner para lavar dinero proveniente de coimas en la obra pública, principalmente, y que habrían sido pagadas, entre otros, por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
En referencia a ese hotel puntual, en su denuncia Martínez sostiene que la valuación por parte de los interventores judiciales que tiene la causa fue de USD 8 millones mientras que en su DDJJ Kirchner declaró que su valor es de $10.151.867,20; según Martínez tan sólo en esa propiedad Máximo Kirchner declaró un valor menor en un 4.691%.
Lo mismo sucedió con el hotel Los Sauces, que los interventores en la causa tasaron, mediante una aseguradora, en USD 15 millones mientras que en su declaración Kirchner afirmó que tenía un valor de USD 585.420 ($34 millones al tipo de cambio de la AFIP para el 2019). Estos dos puntos centrales hicieron que, de acuerdo al escrito al que tuvo acceso BigBang, Martínez consideró como “inconsistentes” la valuación de los bienes del diputado nacional.
Pero esta no fue la única polémica en torno al patrimonio de los funcionarios de la administración. Quien quedó en el centro de la escena también fue el presidente Alberto Fernández luego de que desde la OA le solicitaron conocer el listado de clientes que tuvo el año pasado como abogado y consultor de empresas en la materia de coyuntura política, que fue a lo que se dedicó luego de dejar la jefatura de Gabinete en 2008 y hasta ser electo como jefe de Estado el año pasado.
Por ese rubro, de acuerdo a su DDJJ de este año, Fernández declaró ingresos por más de $5 millones, es decir más de $400.000 mensuales. Sin embargo, se negó a responderle a la Oficina Anticorrupción debido a que consideró que en su paso por el ámbito privado no habría trabajado para ninguna empresa que sea contratista del Estado. "No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada”, respondió en un oficio en marzo Fernández ante el pedido de la OA.
La situación tiene un antecedente más, que es que una factura de 2017 por el monto de $437.000 apareció en los registros contables de la empresa Oil Combustibles, propiedad del mencionado Cristóbal López. Esto fue aceptado por el propio jefe de Estado este año durante una entrevista con Radio Mitre.
"Es cierto que, por el desorden administrativo que el Grupo [Indalo] tiene, una factura que debió haber ido a otra de las empresas del Grupo, que es cliente de la consultora mía desde hace mucho tiempo, terminó en Oil [Combustibles]", dijo Fernández.
Durante el debate de la moratoria impositiva que se aprobó como respuesta a las empresas por el impacto de la pandemia del coronavirus la oposición denunció que en uno de los artículos se les permitía ingresar a las empresas que estaban concursadas como el Grupo Indalo por el no pago del impuesto a las combustibles que las estaciones de servicio deben conservar como agentes de retención para después girarlo a la AFIP. A esos tributos se le suman cargas sociales y patronales para los empleados del mismo grupo, lo que en total llevó a la cifra de USD 1.000 millones a 2016.
Con la moratoria aprobada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo, laempresa hizo la presentación ante la Justicia hace dos semanas para acogerse a ese régimen especial para levantar la quiebre y solicitar un plan de pago.
