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Denuncian que en Mendoza se busca realizar una venta de tierras similar a la de Lago Escondido

Son más de 12.000 hectáreas en Malargüe, en el límite con Chile, en donde se busca construir un centro de esquí.

23 Febrero de 2022 12:34
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En la provincia de Mendoza se desató un escándalo que tiene varios paralelismos con lo que sucedió en Lago Escondido, provincia de Río Negro, con tierras que fueron vendidas a un tercero y que prohíben el acceso a la gran mayoría de la población a un bien público. ¿Qué fue lo que sucedió en la tierra del Sol y del buen vino? La Agencia de Bienes del Estado tuvo que dar marcha atrás con una resolución mediante la cual habilitó la venta de tierras por parte de la provincia a una empresa para desarrollar un complejo de esquí.

En concreto, el titular de ese organismo, Martín Cosetino, presentó un escrito al gobernador de esa provincia, Roldolfo Suárez, en donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 que determina la asignación “precaria” de 12.351 hectáreas -que incluyen una importante zona cordillerana con nacientes de agua y humedales- en Malargüe a la firma Azufre SA, propiedad del empresario de medios Alejandro Spinello.

"Solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia. El presente rechazo se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta agencia”, sostiene el escrito que presentó el organismo en donde suma, entre otras cosas, que Mendoza incumplió con los convenios de manejo de tierras acordados con Nación, con el objetivo de desarrollar esa zona de frontera. 

El decreto se firmó en diciembre, pero se publicó recién en enero de este año y se convirtió en una bandera para el bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos que salieron a denunciar la venta ilegal de tierras. La respuesta de la provincia llegó con el expediente gubernamental en donde la operación contó con el visto bueno de la Fiscalía de Estado, que se encuentra en manos de la oposición y no del radicalismo provincial. 

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Como consecuencia, desde la administración del radical Suárez salieron a criticar la medida con la acusación de que se busca obstaculizar el desarrollo por cuestiones vinculadas a la competencia política. "Si el Gobierno nacional no quiere que Mendoza tenga inversión privada o que crezca, que lo diga. No hay irregularidades, es sólo el primer paso para concretar la inversión. Nadie le saca la propiedad a Nación, se asigna una empresa para explotar económicamente una zona ya postergada”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia, Andrés Peti Lombardi

“Es lo mismo que pasa con Portezuelo del Viento. Sucede que la Cámpora, con sus amigos del Gobierno nacional, quiere trabar todo lo que implique crecimiento a la provincia. Cuanto peor le vaya a Mendoza, para ellos mejor. Es la historia sin fin”, agregó.

¿Qué fue lo que dijo la AABE? En el escrito remarcó, entre otras cuestiones, que no se cumplieron con los plazos y formas que se establece en el convenio que lleva años entre las provincias y el Estado nacional para este tipo de cuestiones. 

“Se advierte que la asignación efectuada a El Azufre SA no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes -que el Estado Nacional no reconoce ni convalida- y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, sostuvo el titular del organismo en su escrito.

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Spinelli, por su parte, en declaraciones al diario La Nación también defendió la adjudicación y criticó la resolución del mencionado organismo. “Es una posibilidad que también era válida, pero todo se hizo de manera legal y transparente, basándonos en la normativa y los permisos, con una inversión que ya supera los 5 millones de dólares. Ahora presentamos el master plan, con las diferentes etapas, y esperamos cumplir todas las instancias de evaluación oficiales”, manifestó.