03 Enero de 2017 14:56
Emilio Pérsico es uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita y si bien durante el kirchnerismo estuvo muy pegado al Gobierno, también supo acercarse a la actual administración.
Sin embargo, esa cercanía no privó a la Oficina Anticorrupción de denunciarlo en la Justicia federal porque supuestamente no habría presentado la obligatoria declaración jurada patrimonial cuando era secretario de Estado.
El organismo del Ministerio de Justicia de la Nación hizo la presentación en la Cámara Federal porteña y por sorteo recayó en el juez federal Daniel Rafecas y la fiscal federal Paloma Ochoa.
Pérsico estableció una buena relación con Stanley.
En noviembre pasado, Pérsico y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, negociaron el proyecto de ley de Emergencia Social que aprobó el Congreso para otorgar hasta 2019 unos 30.000 millones de pesos a los movimientos sociales, que podrían tener su propia obra social.
Cuando se habló de ese proyecto, el dirigente subrayó que "la obra social no es para beneficiarios de planes, sino para trabajadores de la economía popular" a la par de que negó que vaya a ser "una caja millonaria" y que "los fondos no son del Estado sino de los trabajadores".
"Nos veníamos preparando para dar una pelea difícil y se dio. El Gobierno tiene diálogo y hay que reconocerlo: cuando llegás te ponen una barra de hielo en la cabeza, te sirven café, te sirven mate y, después cuando te vas, te dan un Lexotanil para que te dure la tranquilidad", dijo Pérsico al definir su relación con el gobierno del presidente Macri.
De todos modos, pese a esta cercanía con el Gobierno, la OA solicitó que se investigue si Pérsico incurrió en el artículo 268/3 del Código Penal que castiga con 15 días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua a quien "estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".
Pérsico ocupó durante el kirchnerismo los cargos de subsecretario de Comercialización de la Economía Social, en el Ministerio de Desarrollo Social, y secretario de Agricultura Familiar, en el Ministerio de Agricultura.
Junto al dirigente del Movimiento Evita, la OA también denunció penalmente a otros 22 ex funcionarios. En julio último la OA informó que casi la mitad de los funcionarios públicos obligados a hacerlo omitieron presentar su declaración jurada de bienes y concluyó que el grado de cumplimiento es prácticamente nulo en algunos organismos de las fuerzas de seguridad.
