23 Marzo de 2023 15:58
A raíz de una investigación de la AFIP, el organismo presentó una denuncia penal contra Vicente Luis Magnaterra, un empleado jerárquico, que entre 2017 y 2019 hizo 56.864 consultas a la base de datos que se encarga de constatar bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos.
La denuncia se da en el marco de "accesos indebidos a los sistemas internos" a la base de datos donde consta lo mencionado anteriormente. El hecho ocurrió durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri y para la justicia no “había justificativo alguno” para cometer dicha acción.
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La presentación que tiene fecha del 16 de febrero fue firmada por el titular de la AFIP, Carlos Daniel Castagneto, y recayó en el juzgado de Julián Ercolini. No obstante, también ordenaron investigar a “toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor" de lo denunciado ya que el organismo considera que es debido a la cantidad de información recopilada, no pudo ser un trabajo de una sola persona.Por su parte, el acusado continúa siendo empleado del organismo, y tanto en el momento de los hechos como ahora se desempeña como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP.
Cabe recordar que en el 2020 la extitular de la organización, Mercedes Marcó del Pont había llevado a cabo una denuncia similar en la cual daba aviso de la existencia de un grupo de tareas pertenecientes a la AFIP. Además, en ese entonces la mujer agregó que las tareas que realizaban era perseguir y espiar a personalidades o empresas a los que sindicaba como opositores, la que recayó también en el mismo juzgado a cargo de Ercolini y sobre la cual aún no se ha expedido la justicia.
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Por último, y debido a la cantidad de ingresos ilegales, la AFIP indicó “necesario y urgente” presentar la denuncia penal con el objetivo de investigar dicha acusación. También pidió “preservar la integridad de los datos de las personas humanas cuya intimidad pudo haber sido vulnerada, sumado al hecho de tratarse, en su gran mayoría, de contribuyentes que desempeñan actividades con alta exposición pública o cuyas decisiones incumben a terceros.
