La empresa estatal YPF presentará mañana ante la Justicia las cláusulas secretas de su acuerdo con Chevrón para la explotación de Vaca Muerta, entre las cuales se destaca la conformación de empresas constituidas en Uruguay, Bermuda y Estados Unidos con el fin de evitar el embargo de los miles de millones de dólares que la compañía extranjera debía invertir en el país.
La justicia recibirá mañana las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevrón.
Se trata de "Holdings Uruguay" y "Holdings Bermuda", los nombres de las empresas que figuraban en el contrato inicial firmado en julio de 2013 entre la petrolera y la empresa norteamericana. La particularidad es que ambos holdings después se convirtieron en las dos sociedades off shore a través de las cuales llegaron los dólares a Vaca Muerta, según consignó Infobae.
La primera se convirtió en "Wokker Investment S.A" y la segunda en "YPF Shale Oil Holding LTD". A ellas se suma "YPF Shale Oil Investment S.A.", constituida en Delaware, Estados Unidos. A través de esas empresas llegaron al país desde 2013 hasta la actualidad 2.800 millones de dólares. El destino de esos fondos fue "Compañía de Hidrocarburos no convencial S.R.L", creada en Argentina para la explotación de "Vaca Muerta". Según explica, la maniobra tenía como objetivo evitar el embargo de los millones de dólares.
La explotación del yacimiento Vaca Muerta fue cuestionado por la oposición.
La confección de estas empresas no es el único secreto que se expondrá mañana. También se mantiene bajo siete llevas contratos con proveedores, plazos de trabajo entre YPF y Chevrón y cuestiones ambientales. Por esta última cuestión el acuerdo fue criticado con dureza por la oposición de Cristina Kirchner.
En contrato está compuesto por 26 cláusulas.
Es que para julio de 2013, los fondos buitres, el litigio con Repsol y el juicio que Chevrón afrontaba por contaminación en Ecuador ponían en riesgo la puesta en marcha del acuerdo. Los houldouts podían embargar cualquier activo de Argentina en distintos países por el reclamo de la deuda pública, en tanto que el Gobierno kirchnerista aún estaba en juicio por la expropiación de YPF.
A esto se suma que la empresa extranjera afrontaba, y aún lo hace, un juicio en Ecuador por daño ambiental. Entienden que la creación de estas empresas buscó sortear estos obstáculos.