El juez federal Daniel Rafecas desestimó hoy una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios del Gobierno por el tratado firmado con Qatar para crear un fondo de inversiones en el que participaría también el fondo de sustentabilidad de la ANSES.
El juez consideró que la acusación contra Macri no tiene peso.
"Considero que no existen en autos elementos de juicio que de alguna manera habiliten siquiera a iniciar una investigación penal en los términos solicitados por la Sra. Fiscal", resolvió el juez.
Rafecas advirtió que si el tratado avanza se deberá "respetar y adecuarse estrictamente a la legislación vigente en la República Argentina en materia de inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la totalidad de las aprobaciones y controles previstos en la legislación nacional".
El juez sostuvo que en la firma del Memo no hubo un delito.
Durante una gira oficial por Medio Oriente la vicepresidenta Gabriela Michetti firmó un acuerdo entre el Fondo Catarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, supuestamente para realizar obras de infraestructura.
El fondo catarí invertirá "mil millones de dólares" y los "300 millones restantes estarán a cargo del FGS de la ANSES, a desembolsarse en un plazo de tres años, en principio, para obras de infraestructura, aunque puede ampliarse a más áreas, como la energía", informó en su momento el Gobierno.
Pocos días después, Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y habitual denunciador en Comodoro Py, presentó una denuncia en el juzgado federal 3 contra Macri, Michetti y el ex tenista Gastón Gaudio. Luego se sumaron a la denuncia diputados de la oposición.
Malcorra también había sido denunciada.
Los otros denunciados fueron la canciller Susana Malcorra, el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Luis María Blaquier, el asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser, el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe.
También figuraron el emir de Qatar, Sheik Tamin Bin Hamad Al Thani; el director ejecutivo de Qatar Investment Authority (QIA), Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud al Thani.
La denuncia planteó que se investigue si la firma del acuerdo con Qatar supuso o no los delitos de "actos irregulares o indebidos", "administración fraudulenta", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", y para el caso de Gaudio, "tráfico de Influencias" porque según sus dichos sería "quien acerca a los saudíes a realizar negocios con el Estado Argentino".
Michetti firmó el acuerdo en nombre del Gobierno.
El juez sostuvo que “el interrogante acerca de si el acto estatal denunciado configura un riesgo jurídicamente relevante como para habilitar la imputación penal, ha de quedar necesariamente sin posibilidad de respuesta, pues la misma sólo podría ser respondida -en un sentido o en el otro- sólo en el caso -eventual e hipotético- de que lo que hasta ahora han sido meras negociaciones no vinculantes -plasmadas en el Memorándum en estudio-, se conviertan en un futuro posible en actos jurídicos estatales vinculantes, susceptibles de ser investigados penalmente. Pero ello aún no ha ocurrido, y es ésta la razón que impide en el caso, la apertura de una causa penal, por encontrarnos frente a un claro supuesto de inexistencia de delito”.
Por último, el magistrado instruyó a la ANSES -en el supuesto que las negociaciones con el Emirato de Qatar sigan su curso-, en cuanto a que su eventual y futura implementación (incluyendo una posible estructura “Off Shore” y la designación de un Tercero Administrador, entre otros aspectos) deberá respetar y adecuarse estrictamente a la legislación vigente en la República Argentina en materia de inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la totalidad de las aprobaciones y controles previstos en la legislación nacional.