En un polémico movimiento que despertó críticas y debates, el Gobierno decidió reducir drásticamente la planta de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), dejando a más de 100 empleados sin trabajo y limitando la capacidad operativa del organismo. La medida fue presentada como un ajuste necesario para eliminar un supuesto uso indebido de recursos públicos, pero también como un cuestionamiento al propósito y la legitimidad de la institución. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó el despido masivo señalando que el organismo, creado en 2009 bajo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue utilizado como "herramienta de persecución contra periodistas críticos del kirchnerismo".
Según el funcionario, los argentinos han contribuido "70 millones de dólares" para sostener una estructura que considera sobredimensionada y que, en su opinión, desvió su propósito original de canalizar denuncias del público hacia un uso político-partidario. Sin embargo, las declaraciones del ministro no escapan a la carga ideológica. Al calificar al DPSCA como un reducto de "militancia rentada" y apuntar a que "aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza", Sturzenegger enmarca la decisión en un discurso que busca deslegitimar cualquier iniciativa vinculada al kirchnerismo, desdibujando el rol institucional de la Defensoría.
La resolución 107, firmada por la titular interina del DPSCA, Soher El Sukaria, reduce la planta de empleados de 144 a 40 personas, elimina divisiones internas y remata el estudio de televisión móvil del organismo. En el documento se argumenta que el 95% del presupuesto se destinaba a salarios, algo que "evidencia una estructura rígida y sobredimensionada". Sin embargo, el argumento de eficiencia contrasta con la función esencial de la Defensoría: recibir y canalizar reclamos del público sobre los contenidos de radio, televisión y otros medios. Reducir su capacidad operativa no solo impacta en los trabajadores despedidos, sino también en la ciudadanía.
Para ser claros, a partir de esta masiva reducción se pierde un espacio de representación en el ámbito comunicacional. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue diseñada para equilibrar asimetrías en el acceso y uso de los medios, buscando fortalecer el derecho a la información y a la comunicación. Desmantelar un organismo clave en esta ecuación no es un simple ajuste, sino una decisión con profundas implicancias en los derechos de los ciudadanos. El desguace de la Defensoría se da en un contexto donde crecen las críticas hacia el presidente Javier Milei por su estilo confrontativo y, a menudo, hostil hacia la prensa.
En defensa del mandatario, Sturzenegger comparó sus formas con las de Domingo Faustino Sarmiento, justificando la retórica agresiva como parte de un debate "abierto y transparente". Este razonamiento resulta paradójico. Mientras se critica a la Defensoría por supuestamente "disciplinar" a los críticos del kirchnerismo, se avalan las prácticas de un presidente que no duda en atacar públicamente a los periodistas que lo cuestionan. En lugar de fortalecer el ecosistema mediático, se envía un mensaje de que la protección de derechos en este ámbito no es una prioridad. Ni el gobierno ni el presidente rehúyen el debate de ideas", dijo Sturzenegger.
Y sumó: "Proponen una discusión abierta y transparente donde se respeta plenamente el derecho de expresarse de todas las partes. Los modos y su contenido serán objeto de evaluación del votante. Pero no se usa el dinero público ni para comprar voluntades ni para amedrentar opositores. Es todo lo contrario de lo que hacía el kirchnerismo que usaba los recursos públicos para disciplinar a la prensa a espaldas de los ciudadanos, pero usando su dinero. El estilo del presidente, en particular, es frontal, abierto y transparente. Sarmientino podríamos decir, ya que sabemos que Sarmiento era también un debatidor nato y que usaba un lenguaje fuerte.
El DPSCA no solo procesaba denuncias; también educaba, promovía la participación ciudadana y velaba por el cumplimiento de estándares democráticos en la comunicación. Reducir su estructura y cuestionar su existencia no es solo una medida administrativa, sino un posicionamiento político frente a los derechos comunicacionales. En una democracia sana, no hay margen para interpretar los medios como simples herramientas de poder; son espacios donde se reflejan las tensiones, los debates y las voces de toda la sociedad. El desmantelamiento de la Defensoría del Público deja un vacío que difícilmente pueda llenarse con discursos sobre austeridad. En un país donde la pluralidad informativa sigue siendo un desafío pendiente, esta decisión parece más un paso atrás que una solución.