Carlos Menem fue condenado a tres años y nueve meses de prisión y Domingo Cavallo a tres años y seis meses por la venta fraudulenta en 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. Ambos además fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 consideró que Menem es responsable del delito de peculado por lo que le impuso una pena de tres años y nueve meses de cárcel y le decretó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En un fallo alcanzado por mayoría, los jueces del TOF 2 consideraron a Cavallo partícipe necesario de la maniobra por lo que le impusieron una pena de tres años y nueve meses de prisión y también decretaron su inhabilitación.
En cambio, los ex directivos de La Rural que llevaron adelante la compra, Eduardo de Zavalía (presidente) y su ex secretario Juan Alberto Ravagnan (secretario), fueron absueltos.
Menem y Cavallo, condenados en el mismo juicio.
La operación se efectuó a través de un decreto firmado por el ex presidente y un boleto de compra venta suscripto por el ex ministro cinco meses después.
Seguidilla de irregularidades
Según Gabriela Baigún, fiscal del juicio, la venta se hizo por 30 millones de pesos-dólares cuando la tasación oficial del predio era de 130 millones.
Además, la operación se efectuó de manera directa cuando debería haberse llamado a licitación pública, y se pasó por alto la aprobación del Congreso. Vale recordar que la Constitución establece que el cuerpo legislativo debe avalar la enajenación de tierras del estado nacional.
Otros delitos se configuraron en el hecho de que el predio se trataba de un bien de dominio público, pero fue convertido en privado, y en que el Banco Ciudad fue el que tasó el espacio cuando en realidad debió hacerlo el Tribunal de Tasación.
El fallo dado a conocer hoy fue alcanzado por una mayoría conformada por Giménez Uriburu y Michelini, aunque las únicas diferencias con su colega Gorini pasaron por los montos de las penas, indicaron fuentes judiciales.
Los jueces del TOF 2 dispusieron, además, que una vez que la sentencia quede firme deberá tramitarse el desafuero para la detención del senador.
En cuanto al pedido de la fiscalía, de que se devuelva el predio al Estado, el tribunal dispuso que se definirá en el marco de otra causa judicial que tramita ante el fuero civil y comercial.