Después de la media sanción al proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, la Iglesia avizora otro golpe en el horizonte con la aparición de dos iniciativas que buscan limitar sus sueldos, actualmente pagados por el Estado nacional.
Los obispos reciben un sueldo similar al de un juez de primera instancia.
Una de ellas es la del legislador radical Alejandro Echegaray, quien propone que el Estado nacional deje de pagarle salarios a la jerarquía eclesiástica.
Si bien el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene al culto católico apostólico romano, para el legislador la obligación ya se cumple "por medio de susbsidios a colegios religiosos, sostenimiento arquitectónico, desgravaciones impositivas y otras cuestiones en las que el Estado ya viene aportando".
En ese sentido, Echegaray remarca que los beneficios recibidos por la iglesia datan de cinco decretos ley firmados por Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone durante la última dictadura.
Vale recordar que según esas disposiciones, el sueldo que perciben los obispos se iguala al que recibe un juez de primera instancia (alrededor de 135 mil pesos en bruto por mes) y no paga impuestos.
Echegaray plantea la derogación de los decretos-ley que garantizan un sueldo para la curia.
"Mi planteo es que estos decretos deben ser derogados. Además, los ciudadanos de otros credos no tienen por qué financiar salarios de una sola jerarquía eclesiástica", argumenta Echegaray.
"El laicismo tiene una doble vía: el Estado no debe intrometerse en cuestiones religiosas, pero las religiones tampoco pueden meterse en el Estado".
Proyecto paralelo
Otra iniciativa, elaborada por la diputada Carla Carrizo -del bloque Evolución- busca según su texto "un cambio conceptual en relación a los ingresos de las jerarquías eclesiásticas".
Asi, en primer lugar, la idea es reemplazar "el concepto de asignación por remuneración", convirtiéndolo en un "ingreso susceptible de tributar". Además, se propone equiparar el sueldo de los obispos con el de un docente titular universitario.
"Lamentablemente el Nuevo Código Civil mantuvo el artículo 146, donde se establece a la Iglesia Católica como persona jurídica pública. Como garantía de equidad de cultos y para proteger la libertad religiosa, un artículo que dispone por encima de los otros cultos, que se consideran como personas jurídicas privadas, genera una desigualdad de trato. Creemos que esto vulnera el deber de garantizar el libre ejercicio de la conciencia de toda la población en condiciones de igualdad y no discriminación", subraya Carrizo en su proyecto.