11 Julio de 2017 15:55
Luego de que hoy se concretara el anuncio del pedido de indagatoria de la procuradora Alejandra Gils Carbó desde el oficialismo se ratificó la intención del Gobierno de sacar de su cargo a la jefa de los fiscales nacionales mediante un simple decreto, uno de los deseos más profundos del presidente Macri.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de Gils Carbó, por presunto fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias a raíz del supuesto direccionamiento de la licitación y pago de sobornos para la compra del edificio en el que la funcionaria tiene sus oficinas.
El fiscal Taiano consideró que la tramitación de la compra del edificio en 2013, por el que se pagaron 43 millones de pesos "aparentó un escenario normal, como si el proceso de selección de oferentes no hubiese estado condicionado desde un primer momento" pero que todo se trató de una "simulación ha quedado al descubierto".
Sobre Gils Carbó, para Taiano "ha quedado demostrado que su accionar fue determinante en el avance del trámite licitatorio investigado y su direccionamiento".
Taiano sostuvo que se trató de una compra direccionada y que se pagaron millonarias comisiones destinadas a la inmobiliaria que intervino, Jaureguiberry, que incluyeron el pago irregular a un intermediario, Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi, por entonces funcionario de la Procuración que intervino de manera directa en todo el proceso de compra del inmueble.
"Resulta preponderante que el asesor de la inmobiliaria que intervino en la venta del edificio sea hermano de la persona designada por la Procuradora General para lograr que llegase a buen puerto la adquisición del inmueble por parte de la PGN", advirtió Taiano al considerar que se trató de una "contratación espuria".
Bellingi "fue una de las primeras personas que no se desempañaban desde antes en la PGN y fueron designadas por Gils Carbó en un cargo de jerarquía dentro de un área muy sensible como la SGA, donde se desarrolló la gestión central del trámite licitatorio que nos ocupa", agregó el fiscal.
Tras la presentación del dictamen ante el juez Julián Ercolini, desde el oficialismo se volvió a reflotar la intención del Gobierno de remover a la Procuradora de su cargo, al que accedió en 2012, después de haber obtenido el acuerdo de la Cámara de Senadores.
El diputado nacional de Cambiemos y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli dijo que no descarta "para nada" la posibilidad de remover a Gils Carbó por decreto del Poder Ejecutivo, al entender que "hay jurisprudencia muy añeja" de la Corte Suprema de Justicia que así lo establece.
"No lo descarto para nada", respondió Tonelli al ser consultado por la radio FM Blue sobre la situación de Gils Carbó. "Una cosa es respetar la institucionalidad y otra aceptar que funcionarios carentes de toda idoneidad y autonomía siga siéndolo", subrayó.
Pero el planteo de Tonelli, no es compartido por todos los miembros más influyentes del oficialismo. "Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación", escribió la diputada nacional Elisa Carrió en su cuenta de Twitter.
"O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución", agregó, en referencia a una posible destitución de Gils Carbó de su cargo", agregó.
Desde que se reformó la Constitución en 1994, el Ministerio Público pasó a considerarse un órgano independiente del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema. Con la sanción de la Ley del Ministerio Público, se estableció el mecanismo para nombrar y destituir al Procurador Nacional.
El profesor de derecho constitucional Andrés Gil Domínguez dijo que “destituir a la Procuradora General por decreto es inconstitucional y genera gravedad institucional, el único camino es el juicio político”, según escribió en su cuenta de twitter.
La sede de la Procuración, eje de la polémica.
La Procuradora obtuvo hoy el respaldo de organismos de defensa de los derechos humanos, que en un comunicado expresaron “nuestro firme compromiso con las instituciones democráticas y con los mecanismos establecidos para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal, en línea con lo establecido por el constituyente en la reforma del año 1994”.
“No habiendo el Poder Ejecutivo encontrado las causales para un juicio político, ni los votos para imponerlo, sigue adelante en su carrera por el disciplinamiento judicial, presionando y hostigando a los distintos actores judiciales para que se sometan a intereses ajenos a lo que exige su función”, dijeron los organismos.
“La Dra. Gils Carbó ha promovido un Ministerio Público Fiscal orientado a la defensa de derechos, con un compromiso ineludible con el proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, la investigación de las redes de trata, la violencia policial y contra las mujeres.
“Por todo lo expresado, rechazamos el hostigamiento y la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo sobre la Procuración General de la Nación y denunciamos estas maniobras como parte de una clara estrategia para debilitar la actual gestión y la independencia del Ministerio Público Fiscal”, concluyeron.
