20 Octubre de 2023 14:56
Un juez de Paz de la localidad de San Francisco del Cañar, en la provincia de Córdoba, fue sustituido por el Poder Judicial Local por “mal desempeño de sus funciones”, ya que, al parecer, hacía maniobras fraudulentas y se aprovechaba de ancianos para su propio enriquecimiento. Según el expediente, se trata de Gustavo Orona, quien está denunciado directamente por “maniobras fraudulentas”.
La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la máxima instancia judicial provincial posible, que consideró que se pudo acreditar que Orona incumplía su deber como empleado público: “Quedó acreditado que el juez de Paz hizo suscribir poderes generales y especiales a un grupo de adultos mayores", dice el expediente, que indica que el profesional cobraba sus jubilaciones y percibía otras sumas de dinero.
El caso Cecilia, el estado de la causa y el temor por los "discursos de odio": "Tengo miedo por las personas en condiciones de vulnerabilidad"
Según la investigación judicial, algunos de esos instrumentos legales eran firmados por el magistrado, en calidad de funcionario con autoridad para acreditar la autenticidad de documentos, por lo que tenía el acceso y la potestad para poder percibir dinero ajeno, incluso de forma oficial. De hecho, este movimiento había comenzado en enero de 2019, hace cuatro años, en esa misma localidad y tuvo como víctimas a media decena de jubiladas que se encontraban alojadas en el hospital Dr. José. J. Puente.“Debe tenerse presente que el rol que ocupa el Juez de Paz en la sociedad le exige mantener una actitud responsable, decorosa y digna de su condición, lo cual no parece haber sucedido con Orona al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los adultos mayores alojados en el Hospital, desplegando actos incompatibles con su función y no permaneciendo en su despacho durante el horario matutino", expresa el Poder Judicial.
Papeles y documentos falsos: quién es el iraquí detenido frente a la Embajada de Israel
Además, los damnificados -en su totalidad adultos mayores-, informaron haber recibido un pedido explícito de Orona para poderes que lo facultaban como apoderado para percibir sus ingresos y “disponer del destino de sus bienes”. De esta forma, el juez de Paz podía vender, comprar, gestionar créditos y manejar cuentas bancarias.Luego de cuatro años de investigación, el ahora ex juez quedó imputado por el delito de "defraudación agravada por circunstancia de incapaces reiterada" - es decir, abusar de las necesidades o inexperiencia de un incapaz-, y ahora deberá enfrentar un juicio en su contra. La causa continúa siendo investigada por el Juzgado de Control y Faltas de Deán Funes, que además averigua presuntas maniobras con compra y ventas irregulares de bienes materiales con el mismo dinero incautado.
Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, además, mencionaron que la conducta que desplegaba Gustavo Orona tuvo repercusión directa en “el prestigio del Poder Judicial”. “Comprometen la imagen y prestigio de los magistrados”, insiste el escrito.
Por todo este camino recorrido, los fiscales consideraron que: "el rol que ocupa el Juez de Paz en la sociedad le exige mantener una actitud responsable, decorosa y digna de su condición, lo cual no parece haber sucedido con Orona al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los adultos mayores".
