El desafuero del ex ministro de Planificación Julio De Vido comenzará a tratarse hoy, a partir de las 11.30, cuando la Cámara de Diputados se reúna para tratar el pedido de expulsión de los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez.
En el Ministerio de Seguridad ya están las órdenes de detenición cursadas la semana pasada por el juez Rodríguez, en el mismo momento en que envió el pedido de desafuero al Congreso.
Se estima que al menos 20 efectivos se harán cargo del arresto de quien fue uno de los hombres más poderosos durante los 12 años del kirchnerismo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales sesionó y aprobó el tratamiento del desafuero de De Vido.
La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó ayer por mayoría que el pedido de desafuero sea tratado en la Cámara. Se estima que el oficialismo de Cambiemos contará con los votos necesarios para votar la expulsión del legislador, gracias al apoyo de otros bloques.
Por su parte, el bloque de diputados del Frente para la Victoria tenía aún diferencias internas sobre la postura que asumirá en la sesión especial.
A diferencia de lo que sucedió en julio pasado, cuando el FPV se encolumnó para salvar de la expulsión a De Vido, ahora surgieron diferencias dentro de la bancada kirchnerista que conduce el bonaerense Héctor Recalde. Por eso se decidió postergar la decisión en ese espacio político.
Dentro del FPV crece la desazón sobre futuro desafueros.
El ex ministro de Planificación no estuvo presente en la reunión del bloque celebrada en el despacho de Recalde, en la que participaron unos 50 de los 73 legisladores (entre propios y aliados). Ya se anticipó que tampoco lo hará hoy cuando se reanude el debate para acordar una posición unificada del kirchnerismo.
Los pedidos de quita de fueros y detención fueron presentados por Rodríguez, quien investiga la supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio, y por Bonadio, quien lleva la causa sobre la compra de gas licuado.
Pese al hermetismo de la reunión de ayer, trascendió que dentro del bloque reinaba el "desánimo" y la queja por tener que afrontar nuevamente un debate sobre los casos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También se supo que existía la preocupación por un posible avance hacia el desafuero de Máximo Kirchner -que tiene causas en la Justicia como la de Hotesur- y de Cristina Kirchner, que debe asumir en diciembre como senadora.
En lo que si había acuerdo era en la conveniencia de denunciar hoy "una persecución política de la justicia contra los ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, y en especial contra la ex presidenta", según voceros del sector.