Diputados convirtió en ley el proyecto de implementación del nuevo Código Procesal Penal que semanas atrás había sido aprobado por la Cámara Alta. Se trata de un paquete de seis leyes sancionadas el año pasado y que debían obtener ley para su ejecución. Agilización de trámites, mayor participación de la querella durante los procesos e instalación de un sistema acusatorio, entre las principales modificaciones.
Tras un debate de ocho horas, ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de implementación de las seis leyes de modificación del Código Procesal Penal. Si bien la reforma había sido aprobada en noviembre pasado, requería de una ley del Congreso para su ejecución.
Uno de los puntos más importantes del nuevo Código Procesal Penal es la agilización de los trámites judiciales, ya que se fija un plazo más acotado para que un expediente sea enviado a juicio oral. Hoy, la instrucción en una causa puede llevar entre tres y cuatro años. El nuevo código fija un plazo máximo de un año, mientras que el juicio oral debe realizarse entre 5 y 30 días luego de finalizada la investigación o instrucción. De no cumplirse esos plazos, el expediente no prescribe.
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, apoyó la reforma del Código Procesal Penal
Otro de los puntos importantes del proyecto es el artículo en referencia a los delitos cometidos por extranjeros, que durante el año pasado generó polémica. Se incorporará al Código Procesal Penal la expulsión “con prohibición” de reingreso al país por hasta 15 años como una condición de la suspensión de juicio a prueba. De violarse esa restricción se reanuda el juicio.
Los seis proyectos fueron votados por separado, y el oficialismo contó con el apoyo de la oposición en varias de las iniciativas, aunque también recibió críticas en torno a las reformas en la Procuración General de la Nación. En la mayoría de los proyectos tuvo modificaciones a pedido de la oposición y de actores judiciales en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Implementación del Código Procesal Penal.
Así anunciaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que enviaría el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Penal, durante el año pasado.
En principio se había indicado que el nuevo Código comenzaría a regir desde septiembre de este año. Sin embargo, el oficialismo aceptó la propuesta de la oposición para que comience a operar desde el 1 de marzo de 2016.
Entre otros puntos, el nuevo código instalará un “sistema acusatorio” en los procesos judiciales. Hasta ahora rige un sistema mixto entre inquisitorio y acusatorio, en el cual el proceso es dirigido por el juez que, si quiere, puede delegar la investigación en el fiscal. Con los cambios, toda la investigación queda delegada en el fiscal. El juez, por su parte, será quien defina las resoluciones judiciales: juzga, absuelve o condena.
Otra de las modificaciones que se introducen al Código Procesal Penal es que la querella - víctimas y sus familiares - tendrán mayor participación en los procesos. Podrán participar en el proceso, junto al fiscal y al juez, exigiendo y produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan. Se reglamentará un sistema de comunicación sobre las decisiones que la afecten y se fija un mecanismo de revisión específico.