02 Noviembre de 2016 14:53
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde por 151 votos afirmativos, 79 negativos y 6 abstenciones el proyecto de ley que autoriza la asociación pública-privada para realizar obras de infraestructura, una de las herramientas impulsadas por el oficialismo para cumplir con su objetivo de atraer inversiones.
Después de que la semana pasada la rebelión dentro del Frente Renovador llevara a Sergio Massa a votar con el Frente para la Victoria, el gobierno nacional aceptó modificaciones en su proyecto y logró darle media sanción a una de las iniciativas que más le interesan a Mauricio Macri.
Cambiemos logró que voten la ley incluso diputados del FPV.
Cambiemos logró la adhesión del massismo, el Bloque Justicialista, Compromiso Federal, el Frente Cívico por Santiago, diputados del peronismo que abandonaron el FPV e incluso integrantes del kirchnerismo como los entrerrianos Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni y la tucumana Miriam Gallardo.
En el inicio del tratamiento del proyecto, el primero que se considera en la sesión especial en la que también se discutirá el Presupuesto Nacional 2017, Daniel Lipovetzky -en su calidad de miembro informante de la iniciativa- apuntó que “Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen y han avanzado mucho”.
Además, el diputado destacó que en la labor de comisiones la iniciativa recibida del Senado tuvo sustanciales cambios con el fin de “cuidar al trabajo argentino, a las Pymes y al medio ambiente”.
Entre esas modificaciones, Lipovetzky marcó la aplicación de la ley de Compre Nacional en las contrataciones PPP como así también “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33 por ciento debe ser nacional”, por lo que estimó que además de impulsar la obra pública “va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”.
Sin embargo, Axel Kicillof afirmó en nombre del bloque del Frente para la Victoria-PJ que “esta ley no sirve, privatiza los servicios, mata la mano de obra, mata a las PyMEs, mata al trabajo nacional. No alcanza con cambiarle algunos puntitos. Esto el país ya lo vivió, se llama endeudamiento, se llama neoliberalismo".
Lavagna, Laspina y Bossio. La negociación con el peronismo no K fue clave.
El ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández sostuvo que la futura ley para reglamentar las contrataciones con PPP significa “tercerizar o privatizar el proceso de contratación de obra pública en el país” y está diseñada “para eludir el derecho administrativo argentino”.
Desde el radicalismo, en cambio, salieron a respaldar el proyecto: “No derogamos, ni eliminamos ningún régimen actual. Agregamos un nuevo sistema al derecho administrativo argentino. Siempre va a haber licitación pública o concurso”, explicó el diputado nacional Luis Pastori (UCR-Misiones), quien cuestionó al kirchnerismo por su negativa a la ley.
“Lo que subyace es una negación a este sistema, el kirchnerismo tiene una posición ideológica. Se han repetido muchas cuestiones que no son ciertas. Se dice que este programa resultaría muy peligroso en manos de este gobierno. ¿Qué hubiera pasado en manos del kirchnerismo? Para que esta ley funcione y se canalice la enorme necesidad de infraestructura de la Argentina necesitamos credibilidad, algo que este gobierno está dando”.
La CGT acordó cambios ayer con Monzó, Laspina y Massot.
La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) aseguró que "el nivel de entrega de esta ley" es "comparable a la ley que autorizó el pago a los fondos buitres", en tanto que Graciela Cousinet (Libres del Sur) coincidió con Margarita Stolbizer al estimar que la prórroga de jurisdicción "sin la menor duda es una entrega de la soberanía nacional a tribunales extranjeros".
Pastori también explicó que “la AGN va a auditar cada uno de los proyectos y que cada obra deberá estar en cada ley de presupuesto. Si surgiera alguna necesidad no prevista tendrá que venir una nueva ley al Congreso”, remarcó el legislador de Cambiemos.
Para la izquierda, la ley de PPP es comparable al pago a los fondos buitres.
Desde la oposición, el ex diputado kirchnerista Carlos Heller consideró que la ley que recibió media sanción debería llamarse «Proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional» por la lesiva cláusula sobre la posibilidad de la resolución de litigios en tribunales extranjeros, que podrían llevar a potenciales conflictos que terminen otra vez en las comisiones especiales como la del CIADI, que afectan atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la República”, señaló el referente cooperativista, que presentó su propio dictamen de minoría.
A favor de la iniciativa se pronunciaron el justicialista pampeano Sergio Ziliotto, quien apuntó que "con los acuerdos con China también se cede soberanía", en alusión al anterior gestión kirchnerista, y Darío Giustozzi (Juntos por Argentina), que defendió el proyecto con ahínco.
