20 Mayo de 2020 17:18
En noviembre del año pasado, Amalia Granata anunciaba la división de su bloque en la Cámara de Diputados de Santa Fe. La ex panelista informó en aquel entonces que encabezaría un minibloque de dos integrantes en la Cámara de Diputados de Santa Fe, denominado "Somos Vida", con lo que la tercera lista más votada en los comicios provinciales se dividiera en dos bancadas.
Cabe destacar que "Unite por la Familia y la Vida" reúne a otros cuatro legisladores. A partir de ese momento, Granata, quien sorprendió en los comicios del 16 de junio de 2018, al obtener 287.705 votos, posicionándose de esa forma como la tercera fuerza legislativa de la provincia con el 10,75 % de los sufragios, conformó un bloque junto a Betina Florito.
En el otro bloque quedaron el pastor evangelista Walter Ghione, el abogado Nicolás Mayoraz (militante del catolicismo), el pastor Juan Domingo Argañaraz (Rafaela) y Natalia Armas (también vinculada a la Iglesia Católica). Pero tanto Mayoraz como Armas fueron denunciados por un equipo de asesores en la justicia por “extorsión y amenazas”.
El ex empleado y abogado, Emiliano Peralta, denunció que los diputados pretendían quedarse con la mitad del sueldo -entre 50 y 60 mil pesos- de sus asesores: según relata en la denuncia presentada en el Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, Peralta recibió el cobro de 110 mil pesos en el mes de febrero y Mayoraz le pidió al asesor que le diera la mitad.
Según el diputado, ese dinero iba a ser destinado a gastos de la militancia pro-vida. Convencido, Peralta quiso hacer una transferencia, pero el diputado católico rechazó esa posibilidad y le pidió que se lo reintegre en efectivo. Algo que, evidentemente, Peralta rechazó y provocó su inmediata renuncia debido a que no quería ser parte de esos manejos.
Por otra parte, la diputada Natalia Armas nombró a su hermano en el bloque, pero como no quería que figure en su nómina de colaboradores, lo terminó contratando Mayoraz y Armas a Peralta. Algo similar le ocurrió a María José Benítez - asesora en medios y redes-, según denunció Peralta, quien terminó renunciando por el mismo motivo que él.
Al conocer la denuncia penal, Granata decidió desplazar a Mayoraz y a Armas de sus puestos. Mientras que el expediente que se había presentado en la fiscalía de Reconquista pasó al fuero de Santa Fe donde acontecieron los sucesos.
