Dos pésimas noticias para el presidente Mauricio Macri y el grupo empresario de su familia se originaron en el Poder Judicial. Las dos noticias están vinculadas con la la empresa Correo Argentino SA eje de un escandaloso concurso comercial que superó todos los plazos previstos y que podría haber terminado con un enorme perjuicio para el Estado argentino de no haber sido por la fiscal Gabriela Boquín.
Según informó esta tarde el diario La Nación, la Justicia ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema de Justicia por razones de "gravedad institucional", donde podría permanecer hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre, y en forma simultánea se dispuso la intervención de la empresa.
La nota firmada por el columnista Hugo Alconada Mon, a quien nadie podría considerar cercano al kirchnerismo, indica que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente al máximo tribunal, tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales "graves consecuencias".
“La decisión de la Cámara ocurrió cuatro días antes de que la jueza de primera instancia del mismo fuero en lo Comercial, Marta Cirulli, dispusiera designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante lo que definió como "el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable"”, señala el diario.
Cirulli designó al coadministrador, que deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como "renuencia informativa" de los responsables de la empresa. La jueza sostiene que hubo falta de colaboración de la compañía para informar supuestos nuevos gastos generados luego del concurso y los justificativos.
"Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada [en alusión a Correo Argentino SA] luego de los requerimientos [de la Justicia] el que me impone decidir del modo preanunciado", remarcó la jueza.
El coadministrador deberá realizar las siguientes tareas:
Deberá participar en las deliberaciones del órgano de administración, con excepción -claro está- de todo lo inherente a la reformulación de la propuesta concordataria. Deberá proponer al directorio las medidas orientadas a concretar una reorganización de la estructura operativa de la deudora, conforme a la realidad económica imperante en el país, a la volatilidad de la cotización del dólar estadounidense en el particular tiempo presente, y la actual situación jurídica de la empresa. Deberá informar principalmente, con base en los registros y la documentación de toda índole que le exhibirá la concursada, sobre la composición íntegra y veraz del pasivo postconcursal acumulado, atendiendo a las circunstancias reseñadas en este pronunciamiento.
La fiscal Boquín había denunciado que el Correo, una empresa sin actividad específica desde hace más de 10 años, había desviado fondos a otras empresas del Grupo Macri y que había contratado a estudios de abogados y de relaciones públicas que no tenían justificación, ya que la compañía no funciona desde que fue estatizada.
Boquín fue la fiscal que denunció el principio de acuerdo que había sido aceptado por los representantes del Estado, a los pocos meses de haber asumido el gobierno de Cambiemos, que implicaba una quita del 98,87 por ciento de la deuda reclamada por el Ministerio Público y que implicaba una pérdida de unos 70 mil millones de pesos cuando finalizara el plan de pagos.
Ese acuerdo espurio para los intereses del Estado, que parodójicamente había sido aceptado por los mismos representantes del Estado que participaban del concurso dio pie a una causa penal que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y que llevó a prestar declaración indagatoria al actual ministro de Defensa y ex secretario de Comunicaciones Oscar Aguad.
La fiscal Boquín denunció en 2017 lo que describió como maniobras de vaciamiento de la empresa y su uso para el desvío de fondos a otras compañías del grupo de la familia presidencial. La denuncia de Boquín fue respaldada por la Cámara en lo Comercial que interviene en el concurso.
Boquín había pedido además que se compulsaran los libros contables de Sideco y Socma, las dos compañías principales del grupo Macri, ya que las autoridades del Correo habían argumentado que los movimientos de dinero hacia esas compañías estaban originados en contrataciones y préstamos con esas firmas.
Al decidir la intervención, la jueza Cirulli se refirió a “la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo (integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones; y por otros “gastos legales” anunciados genéricamente sin concreción aritmética), implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este Tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados, pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocataria respecto al engrosamiento actual de su deuda postconcursal; y, naturalmente, arroja un manto de duda sobre la sinceridad de lo expresado ahora sobre su real endeudamiento”.
La jueza agrega:“Nótese que solamente la prestación de los varios servicios brindados por Sideco Americana SA -presumiblemente recibidos como una “gracia” en favor de la deudora y sus acreedores, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora-, hoy vendría a representar un endeudamiento de U$S 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastos legales” conceptualmente anunciados y no justificados”.