El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El juez federal Sergio Torres investiga una licitación otorgada en 2011 para la limpieza del edificio de la agencia recaudadora. Aunque dispuso un embargo millonario, el magistrado no dictó la prisión preventiva.
El expediente investiga las presuntas irregularidades en la licitación que ganó la empresa Limpiolux, por un monto de $15.196.000 en 2011. La millonaria cifra representaba el doble de lo que había ofertado en aquel entonces la empresa Ricardo Bilbao, apartada del proceso licitatorio y que ya realizaba tareas de limpieza del edificio desde 1981.
Echegaray fue procesado por el juez federal Sergio Torres.
La AFIP había dispuesto un presupuesto de $ 14.800.000 para el contrato. Según Infobae, la otra compañía había ofrecido apenas la mitad: $7.456.242. Sin embargo, fue apartada de la licitación. Limpiolux ganó la licitación y se adjudicó de $15.196.000. El juez Torres también procesó a Cecilia Peluso, que estaba al frente de esa compañía, por los mismos delitos que se le imputan a Echegaray.
En la causa también está señalado Norberto Peluso, también de Limpiolux. Su hermano, Luis “Chiche” Peluso, era un hombre de fuertes vínculos políticos y había estado al frente la Lotería bonaerense. Cuando el fiscal de la causa, Federico Delgado, pidió la indagatoria a Echegaray, aseguró que está probado que la licitación fue adjudicada por un monto superior al doble de lo presupuestado por la empresa que ya brindaba el servicio desde hacía treinta años y casi el doble del monto que se abonaba para el período anterior.
Para Delgado, al adjudicar la licitación a Limpiolux, la AFIP incurrió en un sobreprecio de al menos $3.386.705,71. A partir de esa hipótesis, el juez Torres ordenó un peritaje contable. En el procesamiento, el magistrado señala que existió una maniobra notoria en beneficio económico para Limpiolux S.A.
Echegaray fue procesado por el juez federal Sergio Torres.
La decisión de Torres incluye además a otros funcionarios de la AFIP que formaron parte del proceso licitatorio. Se trata de nueve funcionarios que participaron del proceso, integrantes de la Comisión Evaluadora que actuó en la licitación, así como jefes de áreas de Intendencia y Asuntos Jurídicos de la AFIP.
En la indagatoria, Echegaray había negado que cometió un delito, e indicó que “no hubo sobreprecios en la contratación, sino que es un acuerdo del gremio que beneficia a los empleados”, y apuntó a la empresa que fue desestimada, al señalar que los salarios que pretendía pagar Bilbao “estaban claramente por debajo del convenio colectivo”, y señaló que “no cumplió con el mínimo de tres certificaciones de clientes”.
Para el juez, el accionar los funcionarios de la AFIP “no se condice con los intereses del Estado”, por la “injustificada elevación del presupuesto y del claro direccionamiento hacia la empresa Limpiolux SA”.