Cinco meses después de que José López cayera fulminado con 9 millones de dólares en bolsos en el convento de General Rodríguez, el gobierno nacional espera inaugurar una nueva etapa en materia de obra pública y dejar atrás las peores escenas del favoritismo y la corrupción que arrojó el kirchnerismo.
En busca de despejar sospechas y cuestionamientos por los empresarios amigos que Cambiemos también tiene, el Poder Ejecutivo afina los últimos detalles del anteproyecto de ley sobre Transparencia y Obras Públicas.
En la iniciativa trabajan los funcionarios del ministerio de Interior con Ricardo Delgado a la cabeza que esperan el visto bueno de la jefatura de Gabinete, después de suavizar algunas de las restricciones a los cambios presupuestarios en obras que aparecían en el borrador original.
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Según informó Télam, este viernes un equipo de asesores de Marcos Peña recibirá a Delgado -subsecretario de Coordinación de Interior- para aprobar el borrador final que sería enviado al Congreso y que ya pasó por las oficinas de la Secretaría Legal y Técnica y de Relaciones Parlamentarias.
"La idea es que el proyecto ingrese antes de fin de año a la Cámara de Diputados para ser tratado al inicio de las sesiones ordinarias del año que viene", informaron desde la Casa Rosada.
En el gobierno reconocen que el anteproyecto sufrió varias modificaciones por "la presión de funcionarios vinculados a la ejecución de la obra pública": sugirieron que se "flexibilizaran" los límites para incrementar o achicar los fondos destinados a trabajos en el período previo a la adjudicación.
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El artículo 6 del borrador final eliminó los techos y pisos cuantitativos para la modificación de las partidas (iban a ser del 15%), y señala que "la oferta será desestimada cuando resulte sustancialmente superior o inferior al presupuesto oficial actualizado".
La reglamentación pedirá establecer "las causas del desvío" y que se determine que "la distorsión observada no conspiró contra la adecuada difusión y concurrencia al llamado" a licitación. El Gobierno cree que el caldo de cultivo para la corrupción en las obras estaba dado por el libertinaje en la modificación sin control de los presupuestos luego de las licitaciones.
Los techos y pisos sí existirán para después de la adjudicación de la obra, como consta en el artículo 7 del anteproyecto: "Los aumentos o las disminuciones de trabajos que alcancen respectivamente una variación superior al 20% del monto del contrato deberán contar para su aprobación con la no objeción previa del jerárquico superior o ministro del área".
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El artículo 3 asegura que se garantizará el acceso irrestricto, anónimo y gratuito a las bases y condiciones de contratación por vía electrónica, se dará publicidad del procedimiento de contratación en la web, se evaluará el desempeño del contratista y se establecerán sanciones.
El artículo 11 creará el Instituto Nacional de Buenas Prácticas para la Administración de Obras (INBPAO),el organismo clave de la era que pretende inaugurar Cambiemos.
El objetivo de la Casa Rosada es que los estados provinciales homologuen la ley para aplicarla en el caso de los trabajos financiados por fondos federales.