04 Julio de 2016 05:50
El Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas con el objetivo de poner fin a la corrupción en este tipo de adjudicaciones.
De esta forma, el macrismo busca diferenciarse de la última década, cuya asignación de obras públicas hoy pone en la mira a ex funcionarios y empresarios kirchneristas que enfrentan un complejo frente judicial.
El Gobierno busca un proyecto que transparente la obra pública.
El proyecto, según consignó El Cronista, cuenta con seis patas. La primera, denominada “ámbito de aplicación”, establece que el proyecto alcanzará a toda obra financiada "total o parcialmente" con fondos nacionales o préstamos con organismos multilaterales o con créditos externos avalados por el Estado.
La iniciativa abarcará toda obra financiada con fondos públicos.
Por otra parte, en cuanto a la “publicidad de las licitaciones y adjudicaciones”, se establece que los pliegos de licitación serán "gratuitos" y estarán a disposición de los ciudadanos en la web oficial de la firma a cargo del trabajo, quien deberá publicar "todos los actos administrativos".
Sin embargo en este punto el Gobierno determinó que "la máxima autoridad" del organismo que licite "podrá declarar por razones fundadas la confidencialidad por un período máximo de 5 años". Un ejemplo que podría aplicarse al caso Chevrón y la decisión de no brindar detalles del contrato entre la empresa internacional e YPF.
La iniciativa contempla clausulas de "confidencialidad" como la que firmó YPF con Chevrón.
En cuanto al “control” de las obras se fijó que los actos administrativos serán comunicados a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación. Se implementará un sistema de "auditoría y control" en el cual se definirán responsabilidades con distintos niveles. Además, se elevará un informe a Defensa de la Competencia "para la detección de posibles carteles".
Con respecto a “la unidad de criterios”, para establecer los precios de las oferta la norma fija que cuando la más conveniente "resulte superior en 15% o inferior en un 10% al Presupuesto Oficial, la adjudicación se efectuará solo con dictamen de la autoridad superior" y se deberá detallar los motivos de esa fundamentación.
Néstor Kirchner junto a López, De Vido y Jaime. La obra pública K en la mira de la Justicia.
Por otra parte, el punto “incompatibilidades”, establece que no podrán integrar las comisiones de adjudicación los "funcionarios que hayan formado parte como dependientes, socios o accionistas de las empresas constructoras evaluadas en los últimos 5 años".
El último capítulo se refiere a las “sanciones” por irregularidades, el cual contempla denuncia penal para los funcionarios que incumplan las reglas y suspensión del Registro de Constructores de Obra Pública "como forma preventiva" para la empresa participante.
