por Lucas Morando
16 Julio de 2015 11:49
La pregunta clave, la que todos deberían hacerse: ¿Qué es lo importante de la causa Hotesur? Una ayuda: que la Justicia compruebe si efectivamente el Gobierno lavó fondos que provienen de la corrupción en un oscuro sistema financiero montado con hoteles boutique que no reciben turistas y empresarios que funcionan, en realidad, como testaferros. El lavado de dinero es un delito muy difícil de probar, pero no imposible.
Por estas horas se discute la validez de la investigación que encabeza el juez Claudio Bonadío, el “enemigo” judicial más importante del kirchnerismo. El más conocido de los enemigos, en realidad. Casualmente hace instantes fue apartado de la causa luego de que un grupo de tres magistrados -Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah -de la Sala I de la Cámara Federal- decidiera que no esté más al frente de la causa que más preocupa a Cristina Kirchner.
El “enemigo” judicial de los Kirchner. Se evalúa si su investigación es válida.
Con dos votos en contra de Bonadío y uno a favor, los magistrados aceptaron un pedido de nulidad que hizo Romina Mercado, la sobrina de Cristina. Además de ser pariente de La Jefa, Mercado integra el directorio de Hotesur.
La propia Presidenta hizo público su enojo con Bonadío esta semana cuando se preguntó desde Twitter si también el juez iba a allanar el cumpleañitos de su nieto Néstor Ivan. Y posiblemente su enojo sea válido desde lo simbólico: el juez instrumentó el lunes pasado 35 operativos sobre las empresas que sostienen la fortuna presidencial en Río Gallegos y El Calafate. Lo pidió a menos de cuatro semanas de las elecciones primarias del 9 de agosto. No es casual. Es todo un mensaje de la Justicia a una Presidenta que se va.
LOS OPERATIVOS
En el cuarto piso del Edificio de la Policía Metropolitana -que funciona en el ministerio de Seguridad porteño, en el sur de la Ciudad- confirman que efectivamente los operativos sobre las cuentas de las empresas de la familia presidencial se hicieron también en la sede de los dos hoteles insignia de kirchnerismo, Los Sauces y Alto Calafate.
La imagen paradisíaca de uno de los hoteles.
No fue técnicamente un allanamiento, fue un “requerimiento de información”, un pedido “amistoso” de que compartan los libros contables. Con una salvedad: si las autoridades se negaban, la Metropolitana tenía legalmente potestad para allanar.
El lunes pasado desde las 7 AM comenzó el operativo que involucró 50 efectivos de la fuerza que comanda Macri. Se secuestró documentación, se hicieron copias de libros, se bajó material de las computadoras y se hizo copia digital de la información que podría mostrar las oscuras finanzas de las empresas de la familia presidencial. Todo viajó en cajas en dos micros junto a la Metropolitana. El gobierno nacional dice que todo el proceso le costó a la Ciudad 10 millones. El ministerio de Seguridad porteño estima unos 500 mil pesos, un número que parece mucho más cercano a la realidad
Máximo en Santa Cruz. La causa judicial es un obstáculo a su campaña política.
Sin embargo, el material todavía no habría sido analizado por el Juzgado que comanda Claudio Bonadío. De hecho en los tribunales de Comodoro Py, desde donde un sector del poder judicial comanda la batalla contra el Gobierno, aseguran que todavía no recibieron “las diligencias” con la documentación que se retiró de los hoteles presidenciales.
Romina Mercado, la sobrina de CFK.
Pedido de informes
Mientras tanto y para desviar la atención del problema central, el kirchnerismo porteño, a través de sus diputados en la Legislatura, trata de avanzar con un “pedido de informes” a la Policía Metropolitana sobre el gasto que significó para los porteños el viaje al sur de los 50 efectivos que realizaron los operativos en los hoteles presidenciales. Dudoso que avance el trámite, además de que carece de valor legal. En el video que ilustra esta nota puede verse la conferencia de prensa que dio hace instantes Gabriela Alegre, legisladora porteña K que pide explicaciones por el viaje de los policías. Insólito, de verdad.
Según reveló Infobae, el juez Bonadío pidió esta semana que la Metropolitana realice los operativos en Valle Mitre e Idea S.A, las empresas que administran o lo hicieron el Hotel Alto Calafate, que pertenece a Hotesur, de la familia presidencial.
