La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó por aceptación de dádivas a los participantes del viaje que se realizó en octubre pasado a la estancia de Lago Escondido, que es propiedad del magnate británico Joe Lewis, a casi una semana de que se filtraran los chats entre los viajantes, donde analizaban cómo esconder las pruebas de su encuentro secreto.
Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional también tomó cartas en el asunto, y a pedido del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, también denunció a los protagonistas ante "la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investiguen los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento".
Los investigados por la fiscal son Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1° instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marcelo D'alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos,de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Por el lado del Poder Ejecutivo, dividieron la denuncia ante jueces y funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario público y admisión de dádivas, mientras que a los representantes del Grupo Clarín y al ex espía, los acusaron por ofrecimiento de dádivas de acuerdo a los artículos 248 y 259 del Código Penal, respectivamente.
La iniciativa de la fiscal viene por la denuncia que inició el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y detalla que los acusados "retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía", en la misma presentación donde asegura que el avión en cuestión pertenece a la empresa con nombre de fantasía Flyzar, la cual corresponde al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
"A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo", señaló la funcionaria en la presentación.
Etchepare además solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) "la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado", las cuales ya son públicas.
"Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia", destacó la fiscal en la presentación. "En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados", agregó.
La funcionaria judicial también solicitó explicaciones a las autoridades aeroportuarias por el hecho que los pasajeros fueron abordados en la pista de aterrizaje por dos camionetas de alta gama con las que los llevaron a Lago Escondido. A la fiscal le llamó la atención la falta de controles.
"Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios", considero Etchepare.
"Se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara", agregó.
"A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa", precisó la fiscal.
El comunicado del Gobierno
En la denuncia que presentó el ministro Soria también apuntan a la resolución de lo sucedido, y plantean que "en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descritos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción"."La recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal", agrega la presentación del ministro.
"Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario -en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado,lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política", precisó Soria en el mismo pedido donde requiere a la Justicia el secuestro de los teléfonos celulares de los implicados.