Una resolución que parece salida de un manual de ironías administrativas fue publicada recientemente en el Boletín Oficial. El Gobierno, en su incansable misión de "racionalizar" el gasto público, decidió que los funcionarios responsables de distintas áreas podrán recibir unidades retributivas adicionales.
¿El mérito para acceder a este incentivo? Nada menos que reducir personal en sus dependencias. Así, el Ministerio de Desregulación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, ha encontrado una nueva forma de convertir el ajuste en motivo de celebración.
La normativa, que cuenta con la bendición de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto, establece un esquema de premios para quienes logren achicar el aparato estatal.
Es decir, mientras más despidos se acumulen en una dependencia, mayor será la recompensa económica para sus responsables. Una estrategia que, según fuentes oficiales, busca incentivar "la eficiencia en la administración de los recursos estatales".
Desde el Ejecutivo se explicó que "las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre esos objetivos está el ajuste". Una declaración que, al menos, no se esfuerza en disimular las prioridades.
El anuncio no tardó en generar indignación entre los trabajadores y trabajadoras del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó la medida como "una decisión escandalosa" y denunció que se trata de "un incentivo económico para el despido de trabajadores". En un contexto donde alrededor de 50.000 contratos laborales están por vencer el próximo 31 de marzo, la resolución parece una invitación directa al desamparo laboral.
ATE no se quedó en las palabras y convocó a un paro y movilización para este jueves. Desde el gremio también se exigió la renovación automática de los contratos por vencer y la reapertura de paritarias, con el principal argumento de que los salarios han quedado totalmente venido abajo frente a la inflación que generó el plan económico de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo: "No se puede permitir que se premie a quienes dejan familias enteras sin sustento", señalaron los trabajadores del estado organizados.
En paralelo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) todavía no emitió una postura oficial sobre la normativa, aunque ya anunció su adhesión al paro general convocado por la CGT para el próximo 10 de abril.
Mientras tanto, Federico Sturzenegger continúa defendiendo su política como si se tratara de una obra maestra del equilibrio fiscal: su deep motosierra o mejor dicho, su motosierra morbosa. Lo cierto es que esta resolución deja una pregunta flotando en el aire: ¿hasta dónde puede llegar el afán por recortar gastos antes de que los costos de los ciudadanos argentinos sean imposibles de ignorar?