por Gonzalo Prado
19 Febrero de 2020 17:02
El Gobierno tiene decidido mantener su postura de no negociación con el proyecto de eliminación de los regímenes especiales jubilatorios para los jueces y fiscales nacionales y federales; la falta de negociación o canales de diálogos previo al envío del proyecto, que ingresó la semana pasada mediante la Cámara de Diputados, despertó las alertas en la Justicia sobre la posibilidad de que se tomen las jubilaciones como moneda de negociación para avanzar con el todavía no elaborado proyecto de reforma judicial que tiene en mente el presidente Alberto Fernández.
En las últimas horas hubo una serie de reuniones en la Asociación de Magistrados en donde comenzó a llamar la atención la postura del Gobierno y comenzaron a poner la mirada en la intención de “hacerles elegir” entre “el bolsillo o la estructura”. No son pocos los que comienzan a ver esa situación.
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“Hay una interpretación, muy lógica, de la situación. Porque hay dos cuestiones troncales y avanzan con una sin consultar. Dan a entender que buscan que optemos entre Guatemala o Guatepeor; entre el bolsillo o la reforma”, le dijo a BigBang una calificada fuente judicial. En la Casa Rosada niegan esa situación y remarcan que se trata de “una situación de emergencia”. No obstante ello los contrastes con la situación del otro régimen especial, el de los diplomáticos, hace que jueces y fiscales comiencen a tener algunas dudas.Es que el Canciller, Felipe Solá, empezó a tener encuentros formales con ATE y UPCN y si bien el gremio de los diplomáticos, el APSEN, presentó reparos lo cierto es que el canal se encuentra más fluido que con los judiciales. No obstante ello también, como con jueces y fiscales, podría haber una doble negociación. Es que semanas antes de la presentación del proyecto, Solá decidió cambiar la estructura de personal en “El Palacio” y le dio más peso a los dirigentes políticos por sobre los diplomáticos.
Esto ocasionó que, con los cambios de embajadores, existan funcionarios de carrera que se encuentran sin funciones debido a la falta de puestos acordes a su jerarquía en Buenos Aires. Esto, claro está, debido a que también no hay nombramientos en el exterior por fuera de los cargos políticos. Fuentes de la Cancillería remarcaron que “puede ser que todo sea dentro de una negociación política”.
La jubilación promedio del régimen especial para el Servicio Exterior es de 335.000 pesos (para 688 jubilados) y de unos 235 mil pesos para el Poder Judicial (7.334 jubilados), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que utiliza el Gobierno. Con la Justicia el cambio del régimen es aun más brusco. Del 82% móvil en el proyecto se establece que se pasa al 82% del promedio de los últimos 120 sueldos. Además se sube la edad jubilatoria y se aumenta la cantidad de aportes que pasan a casi el 19%.
“Todo Juez de Cámara aporta al menos $20.000 mensuales en exceso del régimen común, el reclamo por 10 años de aportes “hechos en exceso” resultan en 2,6 millones de pesos más intereses. No es en este caso que haya antecedentes como para asegurar el resultado, pero claramente resulta un reclamo razonable”, sostienen en la Asociación de Magistrados.
"No es tan tremendo", dijo hoy en declaraciones a radio La Red la ministra de Justicia, Marcela Losardo. "Nosotros no queremos dar de baja los sistemas jubilatorios especiales, como el del Poder Judicial, pero el dinero no alcanza. Sostener el régimen como está, es imposible. Existe un déficit de $9.200 millones por año que se cubre con las jubilaciones de $14.000", relacionó.
Pero no sólo eso, se establecen más años y condiciones; entre ellos aumentan la cantidad de años que tienen que estar activos para jubilarse pero, y ahí uno de los puntos que más bronca generó en la Justicia, establecen mecanismos que hacen que a su vez complican que se cumplan. Por ejemplo, la obligatoriedad de jubilarse a los 65 o 60 años (dependiendo si se es hombre o mujer) sin tener en cuenta la cantidad de años de servicio. "Si algunos jueces quieren ir a la Justicia, que lo hagan", respondió Losardo sobre las quejas de los magistrados.
El rol de la Corte Suprema es uno de los que más dudas genera, por estas horas, tanto al Gobierno como a los jueces. Es que si bien algunos sostienen que por una cuestión de jurisprudencia en cuestiones de la seguridad social hay quienes ven como un antecedente la decisión del máximo tribunal de avalar el cobro del Impuesto a las Ganancias. “Hay que ver qué decisión toma, lo que sí esto es mucho más complicado que el tema Ganancias. No va a ser tan fácil que acompañen al Gobierno”, sostuvo una importante fuente judicial.
Mientras tanto, sin el apoyo de Cambiemos en la Cámara de Diputados, el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa, busca llegar a un acuerdo con los bloques “aliados” como es el caso del que conduce Balí Bucca y José Luis Ramón. La intención es poder tratarlo para la semana que viene a más tardar. Incluso el ex intendente de Tigre ya bajó la orden a la Secretaria Administrativa que consiga los pasajes para que no falte nadie ya que por el feriado por el carnaval varios legisladores partirán para sus provincias.
