El cierre de una sucursal del Banco Nación en Ramos Mejía: una decisión con más política que economía

El Banco Nación anunció el cierre de su sucursal en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, argumentando que la elevada incidencia de las tasas municipales hacía inviable su funcionamiento. La decisión, que trasladará a los clientes a la sede de Ciudadela, en Tres de Febrero, encierra un trasfondo que va más allá de la simple ecuación financiera. En realidad, se trata de una medida que parece tener más carga política que justificación económica, y que sienta un peligroso precedente en la relación entre los municipios y el sistema bancario nacional.

La explicación oficial de la entidad es que la presión impositiva en La Matanza afecta su margen financiero y encarece los créditos, generando un entorno insostenible para las operaciones del banco. En concreto, el municipio habría cobrado más de 5000 millones de pesos en concepto de tasas municipales sobre los créditos en 2024, lo que, según el banco, equivale al costo salarial de los 150 empleados en sus sucursales locales. Esta cifra es utilizada como argumento para justificar el cierre, aunque deja varias dudas sobre la proporcionalidad de la medida.

La realidad es que, en el sector financiero, los costos impositivos siempre han sido un factor de peso, pero el cierre de una sucursal estatal debido a este motivo es inédito. Si se aplicara la misma lógica en otras localidades con altos tributos, debería esperarse una ola de cierres en todo el país, algo que, al menos hasta ahora, no se vio. Además, el traslado de la sucursal a un distrito con una carga tributaria menor -Tres de Febrero, gobernado por un intendente alineado con el gobierno nacional- despierta sospechas sobre la verdadera naturaleza de la decisión.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, celebró la mudanza como un premio a la "buena conducta fiscal", en una declaración que refuerza la lectura política del cierre. "Muchos intendentes llevan la Tasa de Seguridad e Higiene a niveles delirantes bajo la idea de que los bancos no se van a ir", sostuvo Valenzuela, sugiriendo que esta decisión podría sentar un precedente para presionar a otros municipios a reducir sus impuestos. Por su parte, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se mantiene en silencio ante la situación, aunque es evidente que la medida representa un golpe político y económico para el distrito.

La Matanza es el municipio más poblado del conurbano bonaerense y el Banco Nación es un actor clave en la vida financiera de sus ciudadanos. La mudanza de una sucursal puede parecer un hecho menor, pero en el fondo se trata de un mensaje claro: los municipios que no alineen su política tributaria con las exigencias del gobierno nacional podrían ver reducida la presencia de servicios estatales clave. La polémica se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno de Javier Milei y los gobiernos provinciales y municipales, particularmente aquellos que no comparten su visión de ajuste fiscal y desregulación. 

No es casualidad que el Banco Nación haya cerrado sucursales en La Pampa tras una disputa por el Impuesto a los Ingresos Brutos y ahora tome medidas similares en el conurbano bonaerense. La intención parece ser la misma: disciplinar a los gobiernos locales a través de la reducción de servicios. En última instancia, la decisión de cerrar una sucursal del Banco Nación no solo afecta a los clientes, sino que también plantea interrogantes sobre el rol de la banca pública. ¿Es legítimo que un banco estatal condicione su presencia en función de criterios políticos? ¿Debe el Banco Nación operar con la misma lógica que un banco privado, priorizando exclusivamente la rentabilidad sobre su función social? Estas son preguntas que la actual gestión parece haber respondido con un giro drástico en su política institucional.

Mientras tanto, los clientes de la sucursal de Ramos Mejía deberán acostumbrarse a viajar a Ciudadela para realizar sus operaciones bancarias. Quizás, más que una cuestión de eficiencia financiera, el mensaje de fondo sea que los municipios "amigables" con el gobierno recibirán beneficios, mientras que los que no se plieguen a sus condiciones deberán enfrentar las consecuencias. Un precedente riesgoso que deja en evidencia la fina línea entre las decisiones económicas y los intereses políticos