Uno de los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez, Martín Lanatta, declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le pidió que gestionara armas y permisos ante el Renar para allegados y dirigentes políticos y gremiales.
Aníbal Fernández junto a Andrés Meiszner, quien estaba al frente del RENAR durante esa época.
Entre los supuestos beneficiados por el candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria figuraban, según Lanatta, su secretario privado, Diego Alazar González; el camarista de Casación bonaerense, Federico Domínguez, (procesado en uno de los expedientes de la Causa Amia); el líder del sindicato rural UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, y un ex ministro menemista, hoy devenido en empresario de medios y del petróleo.
El sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, del gremio Uatre que representa a los peones de campo.
A raíz de la declaración se abrió una nueva investigación judicial, que quedó a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal Juan Pedro Zoni.
La declaración de Lanatta fue formulada ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa iniciada por la diputada nacional Elisa Carrió, quien lo acusó de “encubrir al narcotráfico”.
Según Lanatta, en 2007 gestionó permisos y armas para varios personajes que luego cobrarían notoriedad, entre los que figuraban Sebastián Forza, uno de los muertos del triple crimen de General Rodríguez.
Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón
“En 2008 Forza tiene problemas legales con Drogas Peligrosas”, y luego de ello -indicó Lanatta- Aníbal Fernández “se queda con el negocio de la importación de efedrina”.
“Yo, con toda la documentación iba a lo de Andrés Meiszner (titular del Renar) y él gestionaba las credenciales, las hacía entregar, y las mandaba al domicilio de la gente, un servicio Vip”, explicó Lanatta.