por Rafael Saralegui
02 Junio de 2017 15:59
Los cruces de nombres y protagonistas en Comodoro Py 2002, sede de los tribunales federales, puede dar pie a las situaciones más insólitas. El juez federal Claudio Bonadio está cargo desde esta semana de la denuncia que el fallecido Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por la firma del Memorándun con Irán.
El dato más llamativo -conocido hoy- es que a mediados de 2010, Nisman había denunciado a Bonadio porque sospechaba que el juez era parte de un plan para atentar contra su familia, en un complot en el que también involucró al ex ministro del Interior del menemismo Carlos Corach, a su hijo Maximiliano, y al ex comisario de la Policía Federal Jorge “El Fino” Palacios.
Según reveló hoy el abogado Alejandro Rúa, defensor de Timerman y de Cristina, la causa está radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello y se encuentra en pleno trámite, pese a la muerte del denunciante. Bonadio quedó este miércoles a cargo de la denuncia de Nisman por decisión del presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, quien decidió quitarle el expediente al juez Ariel Lijo.
En su denuncia Nisman sostuvo que el 7 de julio de 2010 recibió en su casilla de correo un documento adjunto que se refería a las relaciones entre Bonadio, Palacios y Corach y a “la particular inquina que los dos primeros tendrían para con mi accionar como fiscal en la investigación contra la sede de la AMIA y las distintas irregularidades que allí se derivaron”.
Antecedentes: Bonadio era subsecretario de Legal y Técnica de Carlos Corach, durante el gobierno de Menem. Palacios y Corach fueron denunciados por irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA y están actualmente siendo investigados en un juicio oral. Bonadio estuvo a cargo de la causa en la que se investigaron las irregularidades hasta que fue separado por la Cámara Federal y pasó al juez Lijo, quien la impulsó y la elevó a juicio.
En la denuncia, Nisman sostenía además que en el documento que le habían enviado “se alude a una planificación de los nombrados dataría desde fines de 2009, que tiene por objetivo apartarme de las aludidas investigaciones y hasta terminar con mi carrera como integrante del Ministerio Público Fiscal. En particular se hace referencia a intervenciones ilegales de mis abonados telefónicos y seguimientos y distintas tareas de inteligencia clandestinas respecto de mi personas como de mi familia”.
“Ante la gravedad de los hechos que han sido puestos en mi conocimiento -donde inclusive se menciona la posibilidad de realizar actos violentos o intimidatorios contra mis hijas- solicito una amplia y profunda investigación sobre cada uno de los pormenores y personas mencionados en el relato que he recibido de forma anónima”, pidió entonces el fiscal al juez de la causa. En el mismo expediente se agregaron copias de otra denuncia en la que se mencionaba un eventual atentado contra el fiscal, que falleció días después de denunciar a la ex presidenta. Luego de la denuncia el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez que se tomaran medidas para proteger al fiscal y a su familia.
Los abogados de Cristina Kirchner pidieron copia de la denuncia de Nisman contra Bonadio para evaluar una eventual recusación. Pese a que la denuncia original de Nisman contra CFK estaba en el juzgado de Lijo, Irurzun resolvió que se quedara en el juzgado de Bonadio con el argumento de que tenía una causa en trámite “por traición a la patria” contra la ex presidenta y el ex canciller. Aunque la denuncia de Nisman era anterior a la causa de Bonadio, Irurzun igual hizo el pase de manos. Irurzun tiene una estrecha relación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien lo designó como responsable de la oficina de intervenciones telefónicas.
