El niño yo no fui
13 Marzo de 2025 09:41
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó declaraciones alarmantes tras la represión desatada contra la movilización de jubilados y manifestantes en el Congreso. En lugar de condenar el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, criticó a la Justicia por liberar a los detenidos y repitió un discurso de criminalización de la protesta. Según el jefe de ministros, los disturbios no fueron consecuencia de una respuesta estatal desproporcionada, sino parte de un intento de "golpe de Estado" orquestado por el kirchnerismo y La Cámpora. "Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer: la generalización de la violencia. Esta marcha estuvo organizada al grito de que se vayan todos, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado", aseguró
En diálogo con radio Mitre, Francos cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien dispuso la liberación de 94 detenidos bajo el argumento de que su participación en la manifestación no justificaba su detención prolongada. "Lo que debería funcionar es la aplicación de la ley con más dureza", aseguró el jefe de Gabinete, dejando en claro su postura de tolerancia cero ante cualquier tipo de protesta.
Pero su discurso no se detuvo allí. No conforme con justificar la violencia policial, acusó sin pruebas a sectores políticos opositores de estar detrás de los incidentes. "No encuentran un elemento para cuestionar al Gobierno, entonces buscan desestabilizarlo con violencia", afirmó. Y aún más grave: "Lo que se pretende es una especie de golpe de Estado".
El discurso del Gobierno parece ser claro: no importa cuánto sufran los jubilados ni qué reclamos se estén haciendo, cualquier manifestación que incomode al oficialismo será tachada de violenta y desestabilizadora. "No encuentran un elemento para poder cuestionar a un gobierno que está buscando soluciones y con el cual la mayoría de los argentinos está de acuerdo y buscan este camino, a partir del uso de la violencia y la represión policial que es lo que corresponde para mantener el orden", destacó.
Mientras Francos repite la fórmula de "orden y represión" como respuesta a la protesta social, la realidad es que la manifestación de los jubilados terminó con un saldo de al menos 21 heridos, entre ellos Pablo Grillo, el fotorreportero que recibió un impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal y pelea por su vida. Pero el Gobierno no condena ni investiga el accionar de la Policía, sino que apunta contra la Justicia y busca endurecer las medidas represivas.
La insistencia en la idea de un "golpe de Estado" no es inocente: busca sembrar la idea de que cualquier oposición es ilegítima y debe ser sofocada. Bajo este discurso, cualquier persona que salga a la calle a protestar podría ser tratada como un "extremista" o "desestabilizador". "Obviamente no pueden usar armas, tirar piedrazos, romper todo y dejar un tendal de daños para hacer una manifestación", desarrolló Francos. Es la criminalización de la protesta en su máxima expresión.
El jefe de Gabinete también aseguró que la Policía continuará con la identificación de los manifestantes, sugiriendo nuevas detenciones. "Van a intentar identificar a los violentos para proceder a su detención", advirtió y remarcó: "Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada".
El Gobierno de Javier Milei parece decidido a construir un relato en el que la protesta es sinónimo de "caos" y "subversión". No es casualidad que el Ejecutivo respalde incondicionalmente a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y sus métodos de acción basados en la mano dura. De esta manera, Francos dejó en evidencia la lógica del Gobierno: minimizar las demandas sociales, descalificar a los manifestantes y, si es necesario, reprimirlos sin miramientos. Bajo este esquema, cualquier crítica es considerada "desestabilización" y cualquier opositor, un "enemigo del orden" que hay que erradicar por la fuerza.
