Seis beneficiarios, más de $20 millones en indemnizaciones y tres arrepentidos. Son los capítulos de la historia detrás de la estafa en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que comenzó a tejerse en 2012 pero fue ejecutada en diciembre de 2015, tras la salida de Cristina Kirchner del poder.
Tres años antes de que el Frente Para la Victoria perdiera las elecciones en manos del macrismo, cuatro consejeros kirchneristas integrantes de la EBY firmaron una resolución a través de la cual establecieron un beneficio inédito para los cargos públicos: una indemnización por cumplir mandato.
Thomas, ex director ejecutivo de la entidad envuelto en el escándalo.
Al abandonar su cargo, el ingeniero Daniel Muguerza percibió $3.328.842, mientras la contadora Mirta Susana Monti cobró $3.398.549, que se suman a los $3.197.319 de su par, Jorge Antonio Romero, y Raúl Noceti, quien retiró otros $3.130.242. Además de ellos, el ex director ejecutivo de la entidad, Oscar Thomas, percibió poco más de cuatro millones de pesos y el asesor legal, Sergio Santiago, también se benefició con una cuantiosa suma de dinero.
BigBang comprobó el monto total de la indemnización de los consejeros.
¿Cómo articularon la maniobra? Aprobaron la Resolución Nº 3239/12 en la cual se estableció una “indemnización” por retiro” para los funcionarios que debían dejar sus puestos tras el cambio de gobierno.
A la izquierda, los cuatro consejeros que cobraron la indemnización.
La medida “equiparó” los cargos de consejeros, Director Ejecutivo y Directores con los de un empleado de planta. De esta forma consideraron que debían percibir un resarcimiento económico que equivalía a un mes del mejor sueldo por cada año de servicio en la entidad. Suponía, además, que dicho monto indemnizatorio se duplicaría en caso de superar los diez años en la entidad; todos los consejeros llevaban más de ese tiempo en el organismo.
La represa de Yaciretá.
En la resolución los ex funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, explicaron que “excluirlos del derecho a una indemnización sería arbitrario y discriminatorio”. Sin embargo, no existe legislación que establezca que un funcionario público tiene derecho a percibir una indemnización cuando termina su mandato. Incluso, no se fija una indemnización en caso de que sea removido de su puesto como puede ocurrir con los cambios en el gabinete nacional de un Gobierno.
Al asumir las nuevas autoridades, con Humberto Schiavoni a la cabeza, se derogó la medida y notificaron a los involucrados de esta situación, pero sólo tres decidieron devolver el dinero: Muguerza, Thomas y Santiago. El resto, optó por hacer oídos sordos a la cordial invitación de la entidad a que devuelvan las millonarias indemnizaciones.
Monti optó por no devolver el dinero.
La Entidad Nacional Yaciretá notificó tanto al Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren como a la Oficina Anticorrupción aunque ninguno emitió respuesta hasta el momento. El organismo tampoco inició acciones legales contra los tres ex consejeros aunque no se descarta una posible denuncia de parte de la diputada Margarita Stolbizer.
Muguerza, uno de los arrepentidos.
Lo cierto es que los tres ex funcionarios se enriquecieron considerablemente al abandonar sus cargos tal como pudo comprobar BigBang al acceder a sus recibos de sueldo y declaraciones juradas. Todos poseen importantes propiedades que adquieren durante su mandato en Yacyretá y autos de alta gama.
Monti, cuyo último recibo de sueldo en diciembre de 2015 ostentaba la suma de $5.683.560 declaró al finalizar su mandato poco más de 7 millones de patrimonio, cuando antes de la indemnización sólo declaraba $1.743.000. Entre sus bienes figuran un Mercedes Benz modelo 2012, dos propiedades en La Plata y una casa de veraneo en Pinamar, todas adquiridas durante sus años en la entidad.
Por su parte, el contador Romero recibió en diciembre de ese año la suma total de $4.951.204, casi el patrimonio total de lo declarado a comienzo de 2015. Posee cuatro propiedades en Corrientes y un Jeep Grand Cherokee, adquirido en 2012. Bienes adquiridos durante sus años como funcionario K.