Falta de respeto institucional
28 Febrero de 2025 08:55
El Gobierno Nacional se vio envuelto en una nueva polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que contenía términos ofensivos y obsoletos para referirse a personas con discapacidad. El documento oficial utilizó expresiones como "idiota", "imbécil" y "débil mental", lo que desató el repudio de organizaciones y especialistas en el tema. La respuesta oficial, en lugar de aclarar la situación, dejó más dudas que certezas.
El hecho de que un documento de tal magnitud haya sido publicado sin la más mínima revisión crítica es alarmante. En un contexto donde la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad deberían ser ejes fundamentales de cualquier política pública, el uso de términos arcaicos y ofensivos no solo es una falta de criterio sino también una clara muestra de negligencia. ANDIS intentó mitigar el escándalo asegurando que se trató de un "error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", pero esa excusa resulta insuficiente. No es aceptable que en 2025 una agencia gubernamental especializada en discapacidad recurra a una clasificación que data de principios del siglo XX, ignorando décadas de avances en el tratamiento y conceptualización de la discapacidad.
El Gobierno decidió apartar a Miriam Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica, y responsabilizó también a su antecesora, Tatiana Alvarado. Sin embargo, la resolución llevaba la firma del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien, curiosamente, sigue en su cargo. Resulta llamativo que un documento de esta naturaleza haya pasado por múltiples instancias sin que nadie advirtiera la gravedad de los términos empleados. ¿Es posible que ningún funcionario haya leído el contenido antes de publicarlo? O, peor aún, ¿lo leyeron y no vieron nada objetable? En cualquiera de los casos, el problema es grave.
En síntesis, o hubo incompetencia absoluta o una preocupante falta de sensibilidad. Las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones como ASDRA y la Red Argentina Trisomía 21 repudiaron enérgicamente la resolución y señalaron que los términos empleados son propios de una época en la que la discapacidad era vista desde una perspectiva estigmatizante y discriminatoria. Desde el ámbito académico y médico también se sumaron cuestionamientos, recordando que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) han reemplazado hace décadas estas categorías degradantes.
Tras la indignación generalizada, ANDIS anunció que modificará la resolución, aunque aclaró que no cambiará los criterios de evaluación para acceder a las pensiones por invalidez. Esto último deja en evidencia que la decisión de corregir el texto responde más a una presión externa que a un verdadero compromiso con la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. El escándalo de la ANDIS es un recordatorio del peligro de las políticas públicas manejadas con desidia y desconocimiento. No basta con culpar a un par de funcionarios y modificar el lenguaje utilizado en un documento: se necesita una revisión profunda de los criterios con los que se toman decisiones en áreas sensibles como la discapacidad. El daño ya está hecho, y las respuestas tardías y tibias del Gobierno solo aumentan la sensación de que se trató de un intento fallido de encubrir una vergonzosa falta de respeto institucional.
