"El Estado compra mal y paga tarde": las empresas detrás de la millonaria compra de alimentos sospechada

Más allá de la polémica por los sobreprecios que iba a pagar el Ministerio de Desarrollo Social para la compra de alimentos, y que el presidente Alberto Fernández anunció anoche que no se concretarían pagos por encima de los valores dispuestos por el programa Precios Máximos, una rápida mirada sobre las empresas que participaron de la licitación arroja varios aspectos llamativos: cinco de las seis son intermediarias y no productoras; la mayoría están radicadas en la Capital Federal y tienen vínculos entre sí.

En el Gobierno comenzaban a trabajar en dos ejes: por un lado, resolver que el pago de los alimentos durante la emergencia sanitaria no supere a los Precios Máximos; y por el otro buscar una solución de fondo a un problema que, según reconocieron a BigBang varios funcionarios, persiste desde hace varios años. “El Estado compra mal y paga tarde”, se enojaba por lo bajo un funcionario al tanto de cómo funciona el sistema y que conoce a la perfección el rubro alimentos.

UN OJO A LAS EMPRESAS

La historia empezó con la compra de aceite, azúcar, fideos semolados, lentejas y arroz que dispuso el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus. Según datos de la cartera que conduce Daniel Arroyo, en los últimos 15 días la demanda de alimentos creció de 8 a 11 millones de kilos por el parate económico desatado por la pandemia. Se iban a pagar $543.408.400, aunque ayer Alberto anunció que aún no se habían concretado los pagos y que no se abonará más que el monto establecido en Precios Máximos.

Se trata de seis empresas que ganaron la licitación: Copacabana SA, Sol Ganadera SRL, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MG Accurso SRL. De las seis, según publicó el periodista Matías Longoni en su cuenta de Twitter, sólo MH Accurso SRL es productora de alimentos. El resto son intermediarias, pero lo más curioso es que además en varios casos están vinculadas entre sí: Sol Ganadera SRL y Alimentos Generales SA están radicadas en Corrientes 1327, piso 4, y el director es el miso, Federico Toscano. Entre ambas iban a cobrar alrededor de $137 millones.

Con Teylem SA y Forain SA ocurre lo mismo: ambas están radicadas en San Martín 66, piso 4. Una ocupa la oficina 410 y la otra la 409. Entre las dos le vendieron alimentos a Desarrollo Social por 166 millones de pesos.

Copacabana fue única de las seis que vendió sus productos en todos los rubros (aceite, azúcar, lentejas, arroz y fideos). Y ocurre algo aún más llamativo: en un relevamiento rápido, BigBang comprobó que el CUIT publicado en el Boletín Oficial en realidad le pertenece a la empresa Alimentos Vida SA, ubicada en Paraná, provincia de Entre Ríos. La firma en total cobrará más de $188 millones. Su presidente es Osvaldo Assisa y uno de los fundadores, Jorge Assisa, fue el presidente de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado (UAPE), una cámara empresarial que agrupa a empresarios que le venden, prestan o concesionan bienes al Estado y a empresas públicas.

"LA MAFIA VIENE DE HACE AÑOS"

"Nosotros vendemos el paquete de medio kilo de fideos a 30 pesos. A un almacenero que compra por cantidad, a 28. Cuando me desayuné con lo de la licitación me agarró mucha indignación. A Arroyo lo conozco y no tengo dudas de que es una persona de bien. Espero no equivocarme. Pero alguien en Desarrollo Social hizo mucho daño”. La frase le pertenece al dueño de la cadena de mayoristas Maxiconsumo, Victor Fera, quien en dialogo con El Destape Radio expresó su enojo por la compulsa de precios donde compitió pero fue dejado afuera.

"Si hay grupos económicos que están acostumbrados a hacer eso, que el Estado les compre directamente a las empresas. Con el Gobierno anterior licité tres veces, gané las tres y me costó un huevo cobrar. La mafia no viene de hoy, viene de hace años. No permiten licitar a las empresas serias", insistió Fera.

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Sin dar nombre apuntó directamente contra la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) cuyo secretario es Osvaldo Assisa dueño de Copacabana S.A. El propio Fera, que había sido contratado por la administración de Mauricio Macri como también en la primera compra de Arroyo, dejó abierta la puerta de la existencia de un negociado detrás de esa compra. 

Quien fue denunciado en la Justicia fue el titular del Grupo L, Victor Lusari, que provee los alimentos para las tres compras aprobadas. Sin embargo intendentes, funcionarios y ex funcionarios provinciales como también nacionales remarcaron que el empresario reúne tres características que hacen que sea uno de los principales contratistas estatales en el rubro alimenticio:

Su empresa, según le explicaron diversas fuentes a este medio, cumple en tiempo y forma con lo que le se pide en las licitaciones o compras directas. “Es alguien muy expeditivo”, remarcó un intendente del conurbano conocedor de la empresa. Remarcan la capacidad y la red de contactos para conseguir el producto que se le pida y en las cantidades necesarias (incluso si llega a necesitar aumentarse sobre la marcha y con poco tiempo). Es uno de los pocos que tiene la espalda financiera para soportar pagos diferidos. Los proveedores del Estado suelen recibir el pago entre 60, 90, 180 días o más, algo que no todas las empresas pueden aguantar. “Como te junta las tres características puede poner el precio que se le cante”, explicó un actual funcionario bonaerense. Incluso, un miembro de esta actual administración, el diputado Rodolfo Tailhade, denunció en la Justicia a Lusardi por sobreprecios en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

UNA SALIDA TRAS LA CRISIS

En el Gobierno anticipan a BigBang que es posible que en los próximos meses se pueda avanzar en una modificación respecto al modo en que se concretan las compras del Estado. En Nación, pero también en varias provincias, son habituales las demoras en los pagos, que en algunos casos pueden superar los siete meses. Por eso, ayer había quienes deslizaban que quizás el sobreprecio obedecía a que el monto se acreditaría, con suerte, en 90 días.

“Arroyo tuvo que elegir qué hacer: si mandaba el trámite de nuevo para negociar se perdían 20 días, en un contexto donde los alimentos no pueden faltar”, decía ante BigBang un funcionario al tanto de la licitación. “No se duda de la honestidad de Daniel, hubo presión de los proveedores y de los empresarios que venden la mercadería, un sumario interno, rápido y público va a definir qué fue lo que pasó”, agregaba.

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“El Estado compra mal, paga mal y muchas empresas tienen deudas del Gobierno de Macri que todavía nosotros no pagamos”, se sinceraba otro hombre cercano al presidente que conoce el paño de la compra de alimentos. Ante este medio, graficaba que por las demoras, una práctica habitual es poner precios por encima del valor de mercado. “Se cubren porque van a cobrar más adelante”, analizaba. Las demoras pueden alcanzar hasta un año.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, trabajaba en un plan para modificar el sistema de compras. La idea estaba en carpeta hace semanas, aunque ahora creen que será momento de agilizar la iniciativa, con el objetivo de transparentar las compras, sumar oferentes y evitar las compras a intermediarios, o al menos priorizar a los productores.