La resolución de la Sala II de la Cámara Federal que confirma el procesamiento de Lázaro Báez y el resto de los imputados por el delito de lavado de dinero, es muy preciso en remarcarle al juez Sebastián Casanello que de profundizar la pesquisa respecto de Cristina Fernández.
Para los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun el juez debe ahondar la investigación respecto de las obras que se le adjudicaron a Baéz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El juez ordenó investigar los vínculos entre CFK y Báez.
Los jueces dijeron
Debe dejarse en claro que la consideración del origen del dinero ilícito restringida a la evasión fiscal que formula el Juez es solo una de las hipótesis posibles de las que ya se encuentran incorporadas. Otras llevan a fundar su proveniencia en la desmedida e irregular asignación de obra pública a Lázaro Báez, aspecto sobre el que luego se volverá.
Los camaristas sostuvieron que, confirmar los procesamientos “no hace que dejemos de lado nuestra discrepancia con lo que consideramos una persistencia del Juez en un enfoque errado de la investigación, y que se relaciona con posicionarse sobre la determinación de una calificación legal y a partir de ella marcar límites infranqueables- a su objeto”.
“Esta Sala viene remarcando la necesidad de que la investigación abarque todos los hechos denunciados sin parcializar esa actividad; tal proceder, por cierto, obedece a una exigencia impuesta por la ley, cuando fija como meta de la instrucción averiguar la verdad de lo acontecido (art. 193 del CPPN).
“Surge desde el inicio de la causa por cuanto no puede olvidarse que las denuncias que trajeron el conocimiento de los hechos para su investigación hacen referencia a la existencia de un grupo de personas que con distintos matices manejaban grandes sumas de dinero de dudosa procedencia ligada a la corrupción, resumida como “la red de lavado del Estado”; y que aquellas se fundaban en la difusión de una investigación periodística que daba cuenta del traslado de dinero en efectivo en bolsos desde Santa Cruz hasta esta ciudad de Buenos Aires para su ingreso a SGI, y su posterior salida del país por parte de un grupo empresario con estrechas relaciones con el poder de turno.
“Existen pruebas que revelan que determinados bienes de Lázaro Báez fueron obtenidos mediante delitos - hecho por el que se confirma el procesamiento-. Y hay más, mucho más, capital sospechado de tener un origen semejante. La pregunta básica, conceptual, es ¿de dónde provienen los bienes?
“A la par, la raíz de las denuncias promotoras apunta a la obra pública, desde la cual habrían partido las cantidades muchas veces millonarias cuyo manejo y traspaso se investiga. Allí entonces, es desde donde debe iniciarse cualquier estudio. Y de la lectura del trámite se encuentran datos concretos que indican que empresas de Lázaro Báez fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación.
“Se impone, entonces, que el Juez a quo provea lo conducente para confirmar o descartar la relación, esbozada desde los inicios de la causa, entre las maniobras de lavado de dinero y la adjudicación de obra pública de la que fue beneficiario a lo largo de los años Lázaro Báez y su grupo empresario.
“La información disponible muestra que existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada.
“El repaso del expediente demuestra que la sospecha sobre el origen delictivo de esos fondos aparece expuesta claramente a partir de la fundamental actividad económica del principal imputado hasta ahora (la construcción), gestada a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales) con el ex Intendente de Río Gallegos, ex Gobernador de Santa Cruz y ex presidente de la Nación Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, ex Senadora por aquella provincia y ex Presidenta de la Nación también, y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos, a partir de la cual habría dejado de ser un empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado dueño de un importantísimo patrimonio, del que dio cuenta el imputado Leonardo Fariña en su declaración prestada el pasado 8 de abril.
“Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
“A partir de lo que se viene exponiendo es de sentido común concluir que resulta inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial -ilícito- que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado, avanzando así sobre la hipótesis de un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, -a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político-.