05 Noviembre de 2016 14:20
Interviene en las investigaciones sobre los Panamá Papers contra Mauricio Macri, el costado argentino del Lava Jato brasileño, los supuestos enriquecimientos ilícitos de los ex funcionarios kirchneristas, Julio De Vido, José López y Carlos Liuzzi. Y si los fiscales federales lo solicitaran, podría colaborar en una causa muy relacionada a la "Ruta del dinero K". Es el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien en declaraciones ante BigBang le respondió a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez , quienes solicitaron auditar toda la obre pública: "Sería muy complicado", sentenció antes de explicar que el pedido fue para entorpecer las investigaciones de la causa.
El fiscal anticorrupción le responde a Cristina y Lázaro: "Sería muy complicado auditar toda la obra pública".
"Este tipo de planteo es típico de quien busca abultar el objeto procesal para demorar el avance de la causa", consideró el fiscal anticorrupción sobre el contraataque realizado por la ex presidenta y el empresario cuando fueron indagados la semana pasada en los Tribunales de Comodoro Py sobre su supuesta "asociación ilícita" para hacer negocios privados a través de la distribución de la obra pública.
La ex presidenta solicitó investigar una de las obras de Ángelo Calcaterra financiada por el Estado.
De todas maneras, CFK y Lázaro lograron en parte el objetivo de su pedido: los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la denuncia de Cristina contra el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, por el financiamiento público del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo de IECSA y dos empresas más, que había logrado la adjudicación de la obra valuada en $ 45.000 millones durante el kirchnerismo.
El fiscal anticorrupción
Sergio Rodríguez, quien juró en diciembre del 2014, depende de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
BigBang: - ¿Materialmente es posible auditar la obra pública entre 2003 y 2015 como solicitó Cristina Kirchner y Lázaro Báez?
Sergio Rodríguez: - Sería muy complicado auditar toda la obra pública. Este tipo de planteo es típico de quien busca abultar el objeto procesal para demorar el avance de la causa. Para eso ya existe la Auditoría General de la Nación (AGN).
B: - ¿Cuánto tiempo podría demandar la auditoría si lo aceptara algún juez federal de Comodoro Py?
R: - Podría demorar varios meses, incluso años. En un caso similar, desde la fiscalía solicitamos investigar los pagos realizados por el Estado entre 2006 y 2014 a Norberto Odebrecht SA, Andrade Gutiérrez SA, Camargo Correa y OAS SA para saber si esas empresas denunciadas en la Justicia de Brasil por el Lava Jato tenían negocios ilegales en la Argentina.
B: - En Comodoro Py ya existen 499 causas relacionadas con corrupción...
R: - De hecho, la fiscalía que encabezo consiguió revocar los sobreseimientos de Julio De Vido y Carlos Liuzzi. Ahora le solicitamos más medidas de prueba al juzgado que preside Luis Rodríguez. En el caso de José López, se logró que el juzgado de Daniel Rafecas amplie la investigación a su esposa María Amalia Díaz y su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz.
B: - ¿Algunas de esas causas podrían avanzar aún más a partir de la flamante Ley del Arrepentido?
R: - Esta ley era impostergable. Así lo recomendaban los tratados internacionales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA). De todas maneras, lo más importante es incluir el Sistema Acusatorio en el Código Procesal Penal para que sean los fiscales quienes lleven adelante las investigaciones.
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por dentro
El fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez, puede participar de las investigaciones por sospechas de corrupción en el Estado que tenga trascendencia nacional. Para eso, debería contar con otros once fiscales, dos generales y nueve de primera instancia, pero hasta ahora sólo es apoyado por cuatro. Para peor, los fiscales Walter Rodríguez y Santiago Eyherabide son subrogantes. Por eso, le solicitó al ministro de Justicia, Germán Garavano, reactivar los concursos para completar los siete cargos vacantes. Pero, por la pelea entre el gobierno de Mauricio Macri y el Ministerio Público Fiscal de Alejandra Gils Carbó, la PIA también sufre de un recorte del presupuesto necesario para combatir los delitos de corrupción.
