El fiscal apuntó contra CFK y Néstor en el juicio por la Obra Pública: "Instalaron un sistema de corrupción”

Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la cabeza de una asociación ilícita -que direccionó contratos millonarios de obras públicas en favor de Lázaro Báez a cambio de retornos a través de los hoteles de la vicepresidenta- en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. 

En el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se busca determinar si Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. Además de Cristina Fernández de Kirchner, Báez, De Vido, José López y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti son algunos de los acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta. También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante. La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas. Los abogados del organismo iniciaron su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 con el planteo de que la UIF debió haber desistido de su rol acusador en esta causa durante la administración anterior, en 2017, porque en ella no se investiga "lavado de activos".

El fiscal Diego Luciani investiga  “una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la Administración Pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas - principalmente funcionarios públicos- logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

El funcionario público sostiene que "la modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos".

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Aquel monto, actualizado a agosto de 2016, asciende a la suma de prácticamente "46.000 millones de pesos”. “El amigo personal y socio comercial de la ex familia presidencial al cual se habrían de asignar los fondos públicos, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, quien juró el 25 de mayo de 2003", sostiene la acusación.

Y agrega: "Simulando ese rol como un oferente particular más del Estado le permitiría salir victorioso y recibir un esquema de beneficios exclusivos y permanentes, gracias al papel de los otros miembros que actuarían desde la esfera pública, direccionando la licitación y promoviendo la inobservancia de los controles en cada una de las contrataciones perjudiciales celebradas”. 

Para el fiscal, para llevar adelante la maniobra, a través del decreto n° 27/03, "Néstor Kirchner transfirió a esa cartera ministerial un área clave en materia de obra pública: la Secretaría de Obras Públicas, en donde el ex Presidente colocó en su primera gestión y la ex primera mandataria reafirmó a lo largo de 8 años al Ing. José Francisco López, quien en el año 2003 ocupaba el cargo de presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz desde 1994". "Instituyeron a la provincia de Santa Cruz como la más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales", resaltó.

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Esto -aclaró- con un 11% del presupuesto total y con la asignación durante el periodo 2003-2015 de un total de $21.880.376.306. “De este modo, bajo la apariencia de una legítima política de gobierno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández erigieron a la obra pública vial como el dispositivo de inversión real directa más importante de nuestro país, es decir el modo a través del cual se incorporaron activos no corrientes al patrimonio nacional, sin embargo, dicha política de gobierno fue -al menos en lo que compete a la provincia de Santa Cruz- el mecanismo a través del cual se canalizarían fondos hacia donde su socio, Lázaro BÁEZ, resultaría espuriamente beneficiado”, detallaron.

Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF 2 dio inicio a la etapa final del proceso tras comprobar que los 13 acusados estaban conectados con cámaras prendidas al juicio, que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020. En ese sentido, Luciani pidió nueve audiencias para presentar las pruebas y acusó a Néstor y Cristina Kirchner de haber montado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”. De esta manera, el funcionario afirmó que entre 2003 y 2015 "funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, y que hubo “una defraudación millonaria” al Estado.

Luciani sostuvo que la vicepresidenta fue la jefa de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país, por las características especiales de la asociación” y advirtió que esta asociación ilícita “burló órganos de control para enmascarar los principios de la organización criminal” y que creó un “sistema de corrupción estructural con beneficios obscenos para Lázaro Báez con un perjuicio multimillonario para el Estado”.

Recordemos que a principios de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los trece acusados en el juicio. "Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación", sostuvo Leandro Ventura, abogado de la UIF, en su alegato. 

En el caso de la mandataria, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló "en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes". La UIF remarcó que "no se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas", y apuntó en particular contra una cuestionada pericia contable realizada sobre las obras públicas de Santa Cruz.

Sin ir más lejos,  reclamó que estas pericias sean "descartadas" por sus "inconsistencias y falta de acuerdo entre peritos". La querella sólo pidió una pena de un año de prisión en suspenso para seis exfuncionarios de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional y de Vialidad de esa provincia por presunto incumplimiento de deberes al omitir controlar irregularidades en contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez. 

En cuanto a Báez, propietario de Austral Construcciones, el organismo también pidió la absolución por todos los delitos por los que llegó a juicio. La UIF se amparó en un "estado de duda insuperable" en relación a los presuntos sobreprecios, por lo que reclamó la "absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta". Al no poder "acreditarse la existencia de un fraude", la querella descartó también la figura penal de asociación ilícita. 

Las acusaciones del fiscal Luciani

"Fue una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios". "El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatorio. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque". "Instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país". "Una parte importante de las obras adjudicadas a Báez no fueron autorizadas por el Congreso al momento de sancionar el Presupuesto. La corrupción parasitó todos los controles". "Había un método eficaz para asfixiar a las empresas. Lázaro Báez se aprovechó y se apoderó en las sombras de diversas firmas". “Era una situación endémica, la regla era el abuso de poder, la ilegalidad y la arbitrariedad, fueron 51 las obras adjudicadas a Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner". "Los resultados de la inversión vial no solo fueron un despropósito: fueron nefastos, las obras no se culminaron y el Estado erogó millones ciegamente". "(Lázaro Báez) de un día para el otro se convirtió en empresario de construcción, pasó de ser empleado de banco a ser empresario de la construcción y el Estado, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le confió el 78,4% de la obra vial de Santa Cruz". "El trabajo de la UIF fue temerario. No valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron, debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba". "En 39 casos Lázaro Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años, y consiguió más de 1500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios, todo con un procedimiento ilegal". "Se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación". "El relato era hacer rutas, pero la realidad era extraer de manera ilegal fondos del Estado". "Luego de más de una década a cargo de la administración de la provincia de Santa Cruz los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder fáctico” y que “conocían y tenían el poder para influir en la designación de los funcionarios a cargo de Vialidad y de los organismos de control". "El Presidente actual (Alberto Fernández) daba notas periodísticas en las que aseguraba que su motivo de renuncia al Gobierno era lo que pasaba en la obra pública". "Los expresidentes omitieron deliberadamente informar ante el Congreso las obras que se iban a realizar en Santa Cruz". "Se diseñó una estructura en la que los puestos claves se ocuparon por personas dispuestas para la consumación de maniobras ilegales". "Cada extensión del plazo de las obras provocó mayor costo, los retrasos en ejecución de las obras generaron daño”, hubo abandono de las obras, sin justificación, lo que generó pérdidas inconmensurables para el Estado". "A excepción de unos pocos casos, ninguna de las obras se terminaron en el plazo, algunas obras que debían ser de 24 meses terminaron en 122 meses, otras fueron abandonadas en 2015". "Hubo una falta de capacidad técnica y empresarial de las firmas de Lázaro Báez y un beneficio indebido a esta persona". "Había celeridad en la adjudicación de las obras y de los pagos, pero no en el cumplimiento de los contratos". "El cese de la actividad de las empresas de Lázaro Báez demuestra que Austral Construcciones era una cáscara que se mantenía a merced de la connivencia con la administración pública". "Al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner las empresas del Grupo Austral (Báez) eran las únicas contratistas a las que no se les adeudaba ni un centavo". "(El análisis de comunicaciones del teléfono celular secuestrado al exsecretario de Obras Públicas José López) permite reconstruir cómo se coordinaban los pagos y hasta los despidos a los empleados de Báez. Esto demuestra que Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández". "Desde la quinta de Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez. Fue una idea gestada y avalada por la propia Cristina Kirchner·.