29 Septiembre de 2015 13:28
La situación del fiscal general de San Isidro, Julio Novo, se complica cada vez más: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió anoche abrir un proceso de jury, mientras que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado citó a Novo a declaración indagatoria para fines del mes que viene.
Novo fue acusado de haber entorpecido la investigación que realizó un fiscal de primera instancia en la causa por los crímenes de dos ciudadanos colombianos ocurridos en el shopping Unicenter.
El jurado de enjuiciamiento es encabezado por el titular de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters, y lo integran además cinco legisladores y cinco abogados de matrícula. El tribunal resolvió que se abra el sumario para reunir pruebas sobre la denuncia contra Novo.
Novo junto al ex intendente de Tigre, Sergio Massa.
El principal respaldo que tuvo Novo hasta ahora fue el de la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y algunos políticos del norte del Conurbano, como el ex intendente de Tigre, Sergio Massa, y el actual alcalde de San Isidro, Gustavo Posse.
En la denuncia, presentada por el ex diputado provincial Marcelo Saín en el 2013, además del caso de los homicidios de los colombianos sumó también denuncias de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal y de otros fiscales de esa jurisdicción que habían hecho presentaciones ante la Procuración General de la Corte.
Novo es investigado por Arroyo Salgado bajo la sospecha de encubrir una red de narcotráfico, según una denuncia que realizó hace más de dos años, un grupo de fiscales del Departamento Judicial San Isidro.
Novo con otro de sus apoyos, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Una de las causas contra Novo se inició a partir de una denuncia formulada en octubre de 2012 por otro fiscal de San Isidro, Luis Angelini, actualmente en Ejecución Penal, quien entendió que Novo y dos de sus subordinados obstaculizaban sus investigaciones.
Este fiscal consideró que el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes están condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
En tanto, Juan Sebastián Galvis Ramírez fue asesinado el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando, donde había concurrido junto con su cuñado, su padre, un amigo y un marinero argentino a comprar un bote semirrígido.
De acuerdo a la denuncia, a medida que avanzaron esas investigaciones, se pudo establecer un entramado de relaciones muy complejo, que incluía, por ejemplo, comunicaciones entre los abogados de los sospechosos de los crímenes con las secretarias de la fiscalía general.
"Hubo un intento de evitar que se descubra la conexión de los Juliá con los crímenes de Unicenter y de que se desatare un ovillo que llevase a otros personajes", dijo un investigador del caso.
Cuando efectuó la denuncia, Angelini sostuvo que "existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional".
Consideró que de ese encubrimiento "participan con diferente grado, al menos, una multiplicidad de agentes de competencia decisiva que integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires".
