05 Junio de 2018 15:13
El fiscal federal Marcelo Colombo pidió cinco años y medio de prisión efectiva para Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el deber de funcionario público para adquirir la empresa Ciccone Calcográfica mientras era ministro de economía.
Este martes se realizó una nueva jornada en el Tribunal Oral Federal 4 por la causa Ciccone donde es juzgado el ex funcionario, su socio José María Núñez Carmona, el dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone; el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner; el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri; y al arrepentido protegido Alejandro Vandenbroele.
Colombo encabezó el tercer pedido de prisión efectiva para Boudou.
Colombo anticipó esta mañana que hubo un "acuerdo ilegal" para que Boudou se quedara con parte de la imprenta, cuando estaba en problema económicos.
El Fiscal no sólo pidió la pena de prisión efectiva, sino también la inhabilitación para ejercer cargos públicos más una multa por 90.000 pesos.
Para Núñez Carmona solicitó una pena de cinco años de prisión; para Vandenbroele tres años en suspenso; para Ciccone pidió cuatro años; para Resnick Brenner tres años y medio y para Forcieri dos años y medio en suspenso.
"La abundante prueba que esta causa ya tenía ha sido multiplicada a partir de la evidencia corroborada en el juicio", adujo Colombo.
Nuñez Carmona habría actuado como representante de Boudou.
"Hubo un acuerdo ilegal celebrado entre el grupo Ciccone y el grupo Boudou, representado por él y Núñez Carmona y para quien cumplía funciones Vandenbroele", sostuvo la fiscalía en su alegato.
Ciccone para ese momento estaba en quiebra y buscó ayuda en el Gobierno y Boudou inició una serie de gestiones para salvar la empresa y quedarse con parte de la compañía, según sostuvo el fiscal.
"Las promesas de ese acuerdo después se terminan efectivizando en acciones concretas en distintos organismos públicos que estaban bajo la égida del Ministerio de Economía que comandaba Boudou", detalló.
El pedido de la fislcalía se suma al de la Unidad de Información Financiera (UIF) que solicitó de seis años de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y la multa de 90.000 pesos.
La Oficina Anticorrupción (OA), por su parte, también hizo su pedido de 5 años y seis meses e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para el ex funcionario.
La Oficina Anticorrupción hizo también su pedido de prisión.
Para la OA, , el ex vicepresidente, "con mucho poder, disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado", en referencia a las intervenciones que tuvieron la Casa de la Moneda, la AFIP y el propio Ministerio de Economía en la compra-venta de la imprenta".
A partir del próximo 19 de junio será el turno de los alegatos de la defensa.
