11 Abril de 2016 12:53
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy el procesamiento con prisión preventiva para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y para el ex asesor Manuel Vázquez, en la causa en la que se investiga la compra de trenes en desuso a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Jaime y Vázquez ya están detenidos por orden del juez Julián Ercolini en este expediente, pero el fiscal entendió que están reunidos los elementos necesarios para agravar la situación procesal de ambos y también la de Schiavi, para quien también pidió el arresto.
En el caso de Schiavi, el fiscal recordó que pesa sobre él una condena no firme por la tragedia de Once a ocho años de cárcel, por lo que recomendó que esa situación “debe ser ponderada a la hora de evaluar la libertad” para “asegurar su comparecencia al eventual juicio oral”.
Según Delgado, las millonarias compras de vehículos ferroviarios se concretaron “por material que no lo valía” y apuntaban en realidad a “generar retornos”.
Dictamen Del Fiscal Federico Delgado
El fiscal sostuvo que se desviaron fondos de su destino original y "que paralelamente montaron un dispositivo que les permitía pagar sumas de dinero altísimas por material que no lo valía y generar “retornos”, cuya cara visible fue el Señor Manuel Vazquez y la empresa que representaba Caesa. En claro ejemplo de la toma del Estado, que remite a un interés general, direccionado al beneficio de los funcionarios".
“Es altamente probable que antes de expresar la voluntad del Estado en decretos, resoluciones y contratos, se haya llegado a un pacto fundadamente para sustraer caudales públicos, con la excusa de hacer algo con el sistema ferroviario”, intuyó Delgado, quien también fue el fiscal que instruyó la causa por la Tragedia de Once.
“Deben ser procesados, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vazquez por los delitos de peculado y cohecho. A la par que ese procesamiento debe ser acompañado con la medida de cautela personal llamada prisión preventiva”, insistió el fiscal.
"En esta causa, los imputados -cada uno dentro de su función- desviaron enormes sumas de dinero que estaban destinadas a un fin noble: recuperar el patrimonio ferroviario argentino. De hecho, los sucesos ocurrieron dentro de lo que se llamó “Plan de emergencia ferroviaria y estado de emergencia crítica de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros”. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un pacto ilegal, que ya hemos narrado, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de “asesoramiento técnico” que, en realidad, ocultaban sobornos", concluyó Delgado.
