21 Diciembre de 2018 10:01
El caso del Correo Argentino, en donde se investiga el accionar de la administración de Mauricio Macri para condonarle una deuda millonaria a una empresa que es propiedad de su padre Franco, ayer dio un nuevo giro luego de que el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó al juez de la causa, Ariel Lijo, que cite a indagatoria entre otros al ex ministro de Comunicaciones y actual titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad, por ser partícipe necesario y principal de la constitución y firma de dicho acuerdo, ruinoso para el Estado.
Para entender mejor los alcances del dictamen y lo que se investiga en Big Bang te contamos los puntos clave.
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La génesis
En 1997 el ex presidente Carlos Menem decidió concesionar el Correo Argentino a la empresa Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA) por treinta años a un canon semestral de $51.600.000 (en ese entonces un pesos era igual a un dólar). El Grupo Macri sólo pagó dos cuotas y comenzó a prestar irregularidades en el servicio por lo que en 2003 el presidente Néstor Kirchner rompió el contrato y comenzó la causa judicial.
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Los inicios del acuerdo
Cuando asume Mauricio Macri la presidencia el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, comienza a negociar con los representantes del Correo Argentino un acuerdo por la deuda que mantenía la empresa con el Estado y viceversa. Se acordó lo siguiente:
"El Estado aceptaba sufrir una quita que ascendía al 98,87% del valor real del crédito verificado, esto significa que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de $4.656.446.266,20; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 -cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de $70.163.910.895,30", según se desprende del dictamen del fiscal.
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Las primeras advertencias
Del expediente que se tramitó en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial se desprenden algunas advertencias sobre al situación desfavorable para el Estado en dicho arreglo. Una de las unidades que remarcó esto fue la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones de la Procuración General de la Nación (DAFI), que interviene habitualmente en los procesos concursales a los efectos de analizar la razonabilidad de las propuestas de pago, y cuyas conclusiones suelen ser receptadas por la Cámara, que estableció que el porcentaje de quita real ascendía al 99,16% del valor del crédito del Estado Nacional
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El mandato de la Corte
La Corte Suprema, a su vez, también había sentado jurisprudencia en cuanto a este tipo de acuerdos entre el Estado Nacional y concesionarios. En una sentencia del 2007, en un caso de similares características, sostuvo que "incluso cuando el deudor ofreciera pagar el 40% de los créditos verificados o declarados admisibles, ello no significaba que la propuesta pudiera tener en sustancia efectividad solutoria".
Como consecuencia ya el Gobierno sabía hasta qué punto podía proceder en la negociación.
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Las acusaciones sobre Aguad
Todo lo anterior hizo que el propio Pollicita, como también denunciaron otros funcionarios judiciales, considere que se trató de una maniobra para perjudicar al Estado. "Lo expuesto hasta aquí evidencia que Aguad a sabiendas del alcance de la voluntad de la firma involucrada en función de lo previamente negociado con los representantes de Correo Argentino S.A., ajustaron las pretensiones de cobro del Estado Nacional con miras a alcanzar un acuerdo que beneficiase los intereses de la sociedad concursada", agregó el fiscal en el pedido de indagatoria que incluyó a otros funcionarios.
