Un informe interno del Ministerio de Justicia revela que en el país existen indicios de “diverso alcance e importancia” para afirmar que hay circulación de activos asociados a la violencia terrorista. Se trata de “severas vulnerabilidades” frente a las amenazas.
El estudio fue elaborado por el coordinador nacional de la Oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Juan Félix Marteau. Así, se elaboró una radiografía de los riesgos que podría correr el país debido a “los canales abiertos que pueden ser usados por grupos terroristas”.
Juan Félix Marteau estuvo a cargo del informe del Ministerio de Justicia que llegó a manos del presidente.
Ocurre que debido a las irregularidades en las fronteras, el colapso de la Aduana y la falta de control en cuentas bancarias, el sistema financiero de la Argentina podría “representar vulnerabilidades frente a las amenazas que implica el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas”. Así, una conclusión indica que hubo un “desmantelamiento legislativo en materia de lucha contra el terrorismo”.
El informe de 25 páginas ya fue elevado al presidente Mauricio Macri, y según La Nación se podría avanzar en un decreto para crear una “estrategia nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo”, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.
Por decreto, Macri crearía una "estrategia nacional antilavado" contra la financiación del terrorismo.
Sin embargo, el coordinador del informe aseguró que no existe constancia de que hayan ingresado al país fondos vinculados al terrorismo, aunque aclaró que “existe un sistema legal y financiero que lo permite”. Marteau estuvo la semana pasada con su par en los Estados Unidos, Daniel Glasser, a quien le mostró los resultados del informe y quien se mostró dispuesto a colaborar con las medidas que impulsa el Gobierno.
El objetivo del Ministerio de Justicia es identificar el movimiento de los fondos cuyo objetivo sea el terrorismo. En este sentido, el informe asegura que no necesariamente los fondos provienen de un origen ilícito, sino que es su destino lo que genera la ilegitimidad. Para eso, se podría impulsar una serie de medidas para mejorar el sistema y evitar la vulnerabilidad.
En el informe se señala que “no se promovieron las reformas para conocer, evaluar y controlar los circuitos clandestinos de fondos para la financiación de actos terroristas”. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pone este eje como fundamental, así como también la falta de normas que criminalicen “al terrorista individual y la financiación de actos y grupos terroristas”.
Entre las alarmas que encendió el documento del Ministerio de Justicia se señala que “no se encuentran coordinadas las medidas contra la financiación del terrorismo entre la Aduana, la UIF y las fuerzas de seguridad”. También alertan que las ONG sin fines de lucro pueden ser foco de financiación del terrorismo por el escaso control de fondos de sus cuentas.