Se aleja el acuerdo con el PRO
24 Febrero de 2025 10:07
El Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2024, destinada a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Vía Navegable Troncal. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 7/2025, responde a la necesidad de garantizar la transparencia y competitividad del proceso licitatorio.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo creado tras la disolución de la Administración General de Puertos (AGP SAU), instruyó a su Gerencia de Asuntos Jurídicos a realizar un informe detallado sobre el procedimiento, el cual será remitido a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para evaluar posibles prácticas anticompetitivas. El vocero, Manuel Adorni, había anticipado la medida en una conferencia de prensa en Casa Rosada, argumentando que la única oferta presentada fue la de la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), una firma envuelta en denuncias por falta de transparencia.
Según Adorni, la presencia de esta compañía desalentó la participación de otros competidores, generando un proceso licitatorio con una preocupante falta de pluralidad. La licitación había sido impulsada bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje conforme a la Ley 17.520 y buscaba garantizar el mantenimiento y operatividad de la Hidrovía, la vía fluvial que canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la ausencia de múltiples oferentes y los cuestionamientos al proceso llevaron a su cancelación.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la medida apunta a "favorecer un esquema licitatorio con mayor concurrencia y competencia". En este sentido, destacaron que la Corte Suprema de Justicia estableció que la licitación pública es el mecanismo más adecuado para evitar sobreprecios y garantizar condiciones favorables para el Estado. El proceso licitatorio también quedó en el centro de la escena luego de que la empresa Jan de Nul, actual concesionaria del mantenimiento del dragado de la Hidrovía, decidiera retirarse.
En un escrito dirigido a las autoridades, la firma alegó haber sido víctima de una "durísima campaña mediática" y de impugnaciones de sus competidores, además de considerar que las exigencias del pliego excedían el alcance tradicional del servicio. La decisión de anular la licitación generó incertidumbre en la administración de Javier Milei. Funcionarios de la ANPYN realizaron consultas con la Casa Rosada tras recibir una única propuesta, lo que terminó por definir la cancelación del proceso. Ahora, el Gobierno deberá resolver cómo garantizar la continuidad del servicio en un tramo clave de la Hidrovía, vital para la competitividad del país frente a Brasil.
La ANPYN, a cargo de la licitación y su posterior anulación, está bajo la dirección de Iñaki Miguel Arreseygor, abogado con experiencia en el sector público y privado. Su trayectoria incluye cargos en el Senado de la Nación, estudios jurídicos de prestigio y funciones en administraciones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En mayo de 2024, Arreseygor fue designado director ejecutivo de la ANPYN tras la disolución de la AGP SAU. Ahora, su gestión enfrenta el desafío de redefinir el esquema licitatorio para el mantenimiento de la Hidrovía en un contexto de fuertes sospechas de competencia desleal.
Lo cierto es que el titular de la Agencia de Puertos denunció ante una comisión de Diputados que la licitación por la concesión de la Hidrovía fue blanco de un sabotaje, y responsabilizó de la caída del proceso a Mauricio Macri y a su ex ministro Guillermo Dietrich. "Fuimos testigos de una operación sin precedentes orquestada, lamentablemente, desde equipos técnicos que supieron ser parte del gobierno (...) El ex ministro de Guillermo Dietrich, el ex presidente Mauricio Macri", había afirmado Arreseygor y agregó: "Hubo una mano misteriosa a último momento que presionó a todos los actores para que no se presenten".
Según había explicado días atrás, de parte de las empresas, "eso constituye un delito que Defensa de la Competencia está investigando". "De parte de actores políticos y no políticos, eso constituye el delito de traición a la Patria, que las vamos a denunciar. "Acá perdió el productor por una mezquindad política de un grupo de vivos que decidió sabotear un procedimiento para ver si tenía forma de echar mano de esto más adelante. Se llenaron la boca hablando de que tenían pliegos fantásticos, pero nunca nadie nos contactó para traernos ninguna de las propuestas. Lo que terminamos viendo es un sabotaje que perjudica al productor", sentenció.
Mientras el Gobierno busca explicaciones sobre la falta de oferentes, aún no hay precisiones sobre cuándo se lanzará una nueva licitación ni bajo qué condiciones se garantizará la navegabilidad de esta arteria clave para el comercio exterior argentino.
